Hasta la Fiscalía llegó el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, para denunciar supuestos negociados con tierras del Chaco, y apuntó a la administración anterior, bajo la figura de intento de estafa al Estado y producción de documentos públicos con contenido falso.
El alto funcionario anunció que suspendió todas las adjudicaciones de toda la zona del Corredor Bioceánico para comenzar una investigación con una comisión conformada por el Indert y legisladores, tras las denuncias de que los inmuebles fiscales eran entregados a empresarios a precios de regalo, desde el 2020.
Según detalló, se trata de un intento de estafa al Indert mediante un acuerdo ilegal de la administración anterior, firmado entre la ex presidenta Gail González Yaluff y el funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo, Héctor Urbano Parodi Molina.
Supuestamente, Parodi obtuvo 1.400 hectáreas en Itakyry, Alto Paraná, donde están asentadas 160 familias. Esta propiedad fue expropiada a favor del Indert, y al actualizar el precio, subieron en 2021 los montos a G. 100 millones la hectárea (USD 8.500 según Ruiz Díaz), es decir, un total de USD 15 millones. El funcionario le dijo a González Yaluff que sabía que la institución no iba a poder pagar, por lo que le pidió a cambio las tierras del Chaco, y es cuando comienza el escándalo.
La simulación, según Ruiz Díaz, era que Parodi pretendía cobrar ese crédito recibiendo grandes extensiones de tierras en el Chaco para luego venderlas a precios más altos a empresas que quieran comprar terrenos en zona de la Ruta Bioceánica. Así se saltaba el estatuto agrario.
Ruiz Díaz indicó que Parodi fue a buscar tierras del Chaco para compensar la deuda. Contó que la Junta le aprobó el acuerdo, con oposición del representante de la ARP.
Dirigentes del asentamiento Paz del Chaco también pidieron apoyo a Ruiz Díaz porque no podían alcanzar los G. 100 millones por hectárea. Entonces, el presidente decide, en octubre del 2024, no aceptar ningún intercambio en torno a este caso.
Permuta ilegal. Ruiz Díaz detalló que, el 17 de agosto de 2024, fue modificada una cláusula del acuerdo, para agregar una permuta, sin permiso de la Junta Asesora. Se estableció ahí que, como la deuda era de USD 15 millones, Parodi buscaría las tierras del Chaco para compensar. Pidió que la zona de la bioceánica le sea entregada por USD 85 la hectárea para después venderla por USD 20.000 la hectárea, ya que el trato era que se haga por escritura pública y no por reforma agraria. “Era algo grande, tenía que ver con grandes intereses de corporaciones nacionales e internacionales que querían que se ejecute ese acuerdo y que estaban trancados por esta presidencia”, resaltó.
