La intervención sería una alternativa al posible fracaso de las negociaciones que inició la Oi en junio pasado, al acogerse a la ley de quiebras, con los dueños de sus deudas por 65.400 millones de reales (unos 20.470 millones de dólares), afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, en declaraciones a periodistas.
De acuerdo con Kassab, el Gobierno no se plantea “en este momento” intervenir Oi, aunque precisó que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) debe estar preparada en caso de que sea necesario.
“La prioridad del Gobierno es dar el apoyo a Oi para que tenga éxito en su ‘recuperación judicial’. Sabemos que en caso de que no vaya bien, el Gobierno tendrá que adoptar una postura”, señaló Kassab.
El Ejecutivo estudia modificar la ley de quiebras, de 2005, a través de un decreto con el fin de poder intervenir plenamente en la empresa de telecomunicaciones.
Según la legislación actual, tan solo es posible intervenir en la parte de la compañía que actúa bajo el régimen de concesión de servicio público -que comprende el sector de telefonía fija- y no contempla los servicios privados autorizados, como la televisión por cable.
“Ese decreto, ese estudio, solo sirve para que el Gobierno se prepare de cara a una eventual intervención, la cual el Gobierno está obligada a hacer. No es lo que queremos”, añadió el ministro.
Gran parte de la deuda actual de Oi proviene de los problemas que le acarrearon su fusión con Portugal Telecom, efectuada en 2013 pero liquidada a comienzos de 2015 con la venta de los activos de la compañía lusa a la luxemburguesa Altice.
