Es un hecho inaceptable. Es una actitud absolutamente abusiva por parte de los empresarios que proveen el servicio, obligar a la gente a viajar apretujada como en latas de sardinas, con alta exposición a contagios de Covid-19, a raíz de las reguladas chantajistas a las cuales están acostumbrados los transportistas inescrupulosos, todo por ejercer presión para tratar de obtener un aumento en el costo del pasaje.
De la misma manera es una verdadera vergüenza que el Gobierno permita esta lamentable situación, mostrando indiferencia y complicidad con quienes ofenden a la ciudadanía, todo por el perverso pacto político que existe de contar con transporte para arrear a los votantes en los días de elecciones, entre otros favores que se pagan, permitiendo la impunidad.
El drama del transporte público no ha variado mucho en largas décadas, pero en la actual situación de crisis de salud, debido a la pandemia del coronavirus, se vuelve aún más grave. Con los millones de guaraníes invertidos anualmente por el Gobierno en subsidiar el costo del boleto, ni el fracasado proyecto del Metrobús ni el accidentado sistema del billetaje electrónico que se está implementando actualmente han logrado impedir que la gente siga sufriendo por esta situación.
Basta de proyectos gubernamentales engañosos que terminan en fiascos estruendosos, y que además causan mayor sufrimiento y graves pérdidas económicas a los ciudadanos, como ocurrió con el tristemente célebre plan de Metrobús, cuyas lamentables consecuencias se siguen padeciendo hasta la fecha.
Contar con un buen sistema de transporte no solo es un derecho, es también una necesidad que tienen las personas, la de movilizarse con comodidad y con seguridad. El Estado paraguayo ya no debe permitir el avasallamiento de los derechos ciudadanos por parte de los intereses de los transportistas.
Es tiempo de que se establezca una política que asegure que el transporte sea un verdadero servicio público y no solamente un estupendo negocio para unos pocos. Un sistema de movilidad eficiente y de calidad es una condición indispensable para la calidad de vida de la población y para la sostenibilidad ambiental de las ciudades.
Es hora también de que la ciudadanía sea más demandante ante un servicio público que es vital. Hay que ser inflexibles con la mafia del transporte y trabajar por implementar sistemas de transporte público alternativos, amigables y modernos, que usen los recursos abundantes como la energía eléctrica o el sistema fluvial, entre otras opciones posibles. Reactivar un mejor sistema de ferrocarril debe ser una prioridad, no una eterna promesa que nunca se cumple, como ha ocurrido hasta ahora.