El funcionario solicitó al juez Sebastián Casanello, encargado de la causa que tiene en el punto de mira al empresario Lázaro Báez -principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo (2007-2015)- y a su hijo, Martín, que designe al Ministerio y al Ejército argentino como depositarios de los bienes confiscados a los investigados.
El objetivo es emplearla “en las tareas destinadas al apoyo a la comunidad que llevan adelante las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofes naturales o de emergencias en todo el territorio nacional”, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
También sería utilizado para el desarrollo de un plan de infraestructuras en el norte del país.
“La presentación judicial del Ministerio de Defensa, realizada con el patrocinio del director general de Asuntos Jurídicos, Pablo Tosco, tiene además la finalidad de evitar la degradación de la maquinaria y mantenerla operativa y en valor, ante la eventualidad de que los empresarios Báez resultaran absueltos”, agregó la cartera en el texto.
Lázaro Báez permanece detenido desde comienzos de abril y tanto a él como a su hijo la Justicia les ha impuesto embargos millonarios mientras avanza la causa que investiga una presunta trama de lavado de dinero.
La Justicia investiga supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante al uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.
