A poco de terminar este mandato presidencial, la reforma que le faltó a este Gobierno fue la de jubilaciones y pensiones.
Hace tiempo que el sector pide a gritos una supervisión que permita a los pensionados y futuros jubilados terminar sus últimos años con una vida digna, y a quienes trabajan en la informalidad tener un lugar donde aportar para que su vejez sea más llevadera.
El sistema previsional paraguayo tiene alrededor de ocho entidades que administran los fondos de los pensionados, la mayoría de ellas del sector público.
Si bien el gobierno de Horacio Cartes comenzó a discutir más fuertemente una salida y propuso crear una Superintendencia de Pensiones, a través de una normativa aprobada por el Congreso, la falta de consenso sobre el encargado de administrar los fondos previsionales y otros puntos sobre la administración truncó el proceso.
El Poder Ejecutivo se vio obligado a retirar su proyecto del Parlamento y la discusión sobre el tema quedó en segundo plano cuando se dio prioridad a la campaña política.
Así como está concebido hoy el sector no tiene un futuro muy largo. Se debe crear una entidad que supervise la administración de los fondos y determinar qué hacer con ese dinero ocioso para que produzca más fondos para los futuros jubilados.
El dinero de todas las cajas –y ya no solo los fondos administrados por el Instituto de Previsión Social– podría ser utilizado para financiar proyectos de inversión, con un margen de rentabilidad seguro.
Pero los asegurados necesitan tener la seguridad de que su dinero será bien invertido y que cuando llegue la edad en que deben jubilarse tendrán sus fondos a disposición sin mayores contratiempos.
La entidad que supervise a las cajas y el destino de los fondos debe ser independiente y autónoma, y debe estar integrada por representantes de las entidades más confiables del país, entre ellas la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central del Paraguay
Difícilmente se logre un acuerdo en el Congreso para aprobar este tema antes de las elecciones generales de abril de 2018. Por ello, quien asuma como presidente de la República en agosto del próximo año deberá tener como prioridad reordenar el sistema de pensiones, establecer una supervisión y blindar el uso de los fondos jubilatorios, tanto del sector público como privado.
El futuro de los habitantes de este país ya no puede seguir siendo postergado por temas electorales. Es necesario que quien gane las elecciones en abril inicie el camino para consensuar con todos los sectores políticos, que le permita iniciar su primer año de Gobierno con una reforma profunda.
Postergar la reforma es una mezquindad, tanto para los aportantes como para quienes hoy están fuera del sistema.