Han pasado cinco años desde la vigencia del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), donde un porcentaje de los recursos provenientes del excedente de energía de la Itaipú va a parar a municipios y gobernaciones. Una parte de estos fondos debe ser utilizada para la inversión en infraestructura escolar. Es decir, reparar, restaurar o construir aulas, sanitarios, bibliotecas o escuelas enteras. A esto se suman los Fondos de Excelencia que son manejados en casi su totalidad por el MEC. En estos años hemos sido testigos de lamentables sucesos que dicen mucho de la prioridad que les damos a la educación y, por ende, a nuestros niños.
Pregúntenle nomás al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por ejemplo.
Como argumento recurrente, uno de los objetivos de darles la plata a intendentes y gobernadores era lograr la tan mentada descentralización, y que no sea el Ministerio de Educación y Ciencias el único responsable de las refacciones.
Un intelectual dijo hace poco: “Soy un enamorado de las clases bajo árboles”. Claro, en la distancia suena muy romántico, de verdad.
Pero consulten sobre la condición laboral de los docentes que deben enseñar en esas condiciones, vestidos con pantalones, camisas y zapatos de taco alto o mocasines.
Y los alumnos, que van también uniformados. Seguro hay amor bajo árboles, a 42 de sensación térmica cuando hace calor, o a 10 grados cuando hace frío.
Claro que en la Escolar Básica es bueno que los chicos estén en contacto con la naturaleza, pero tampoco cuatro horas diarias con las condiciones climáticas de nuestro país. Obviamente, es mejor estar bajo mangos que dentro de las carpas que ofrece el Gobierno.
Sí, también es cierto que desde los medios centramos mucho la atención en la infraestructura, cuando este es un medio o un “factor asociado” para llegar a la educación. Por otro lado, es un reclamo propio de los jóvenes y sus padres el contar con instalaciones mínimamente acordes para asistir a clases. Los profesores también se merecen condiciones mínimas para desarrollar su labor.
El único proyecto importante que dejó el ex ministro Enrique Riera es uno que habla de quitarle la responsabilidad de construir y reparar escuelas al MEC, y pasarle esto al MOPC. Ciertamente es un proyecto interesante, pero ¿podrá Obras Públicas con semejante asignación?
Imaginen, deberá reparar en los próximos años al menos 3.000 centros escolares en todo el país. No es un metrobús, no es un superviaducto, son escuelas. Igual, a la par de este proyecto, comunas y gobernaciones seguirán recibiendo recursos del Fonacide.
La realidad no ha cambiado mucho en los últimos años.
En el 2015, se decía que el 80% de las instituciones educativas estaban en mal estado o necesitaban algún tipo de reparación. Ocho de cada diez escuelas urgían de alguna intervención en su estructura.
Hoy, a tres días del inicio de un nuevo año lectivo, el último informe presentado por la cartera educativa indica que el 65% de los centros educativos requieren de estas acciones, o porque están en mal estado (44%), o porque se encuentran en forma “regular”, en un 21%.
En síntesis, tres años después 6,5 de cada 10 establecimientos tienen necesidades edilicias.
La pregunta es: ¿Merecen las autoridades locales seguir recibiendo estos recursos?