“El fallo que obliga a publicar las DDJJ es un cambio paradigmático”

–Este fallo de la Sala Constitucional de la Corte supone un hito muy importante en materia de transparencia luego de la ley de acceso a la información pública. ¿Cómo toma la Contraloría la decisión, atendiendo a que fue el ente que atacó de inconstitucional la publicación?

–Consideramos que en materia de transparencia es un cambio paradigmático, fuerte e importantísimo, y en cuanto a la publicidad del patrimonio de funcionarios públicos, posiblemente uno de los más transparentes del mundo, ya que Paraguay tiene la exigencia de presentación en su Carta Magna y abarca a todos los funcionarios en general. Se trata realmente de un fallo histórico de la Corte el rechazo a la acción planteada por la Contraloría en el año 2017. Hay que recordar que la solicitud de acceso a las declaraciones juradas fue planteada por el periodista Juan Carlos Lezcano bajo el patrocinio del abogado Ezequiel Santagada. La Contraloría le denegó entonces esa información y ante esa postura ambos recurrieron a la Justicia, donde tuvieron el fallo favorable en primera instancia. El contralor de aquel entonces, (Enrique García) planteó la acción de inconstitucionalidad contra esos fallos judiciales.

–¿Cuál será la primera declaración jurada que estará disponible?

–Queremos publicar un grupo entero. Por decirlo de alguna manera: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos extrapoder como la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría. Lastimosamente ya no llegamos (mañana) lunes, posiblemente será el miércoles, el día que iniciemos con la publicación. Estamos atravesando muchos obstáculos en la digitalización de los documentos.

–¿Qué obstáculos?

–Problemas técnicos por la cantidad de hojas que debemos escanear. Ya se han quemado 4 fotocopiadoras, pero hemos encontrado la solución y creemos que el miércoles vamos a empezar a publicar.

–La Corte habilitó la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios desde 1998 hasta 2017.

–Así es, porque ese era el pedido que se había hecho cuando se presentó la acción en el 2017. Se precisa modificar la ley vigente para que las declaraciones sean publicadas directamente u otra orden judicial. La ley establece que solamente a través de una orden judicial se pueda acceder a los documentos.

–Para precisar, ¿esta decisión de la Corte podría tener una vuelta atrás, es decir, se puede evitar la publicación de los documentos?

–La orden judicial en el marco del amparo presentado por Juan Carlos Lezcano no tiene vuelta atrás. La publicidad del patrimonio de los funcionarios no incluidos en dicha orden judicial (a partir de 2017) solamente se podrá dar a partir de una nueva normativa ya sea legislativa o jurisdiccional.

–En caso de que una persona no presente su declaración jurada, ¿el sumario termina solamente con la multa de 300 jornales mínimos?

–Las personas que no presentaron tendrán que abonar la multa establecida y deben presentar necesariamente sus declaraciones porque la ley obliga a los ordenadores de gastos de las instituciones públicas la retención del salario hasta que presenten, si no se retiene, se sumaria al administrador.

-¿Se llegó alguna vez a esa instancia?

–Todas las personas que no presentaron sus DDJJ ya presentaron tras el sumario. La mayoría de los sumarios son para funcionarios de las binacionales, que creían que no debían presentar el documento, ya que no se consideraban funcionarios públicos, sino funcionarios de empresas binacionales. Persiste ese criterio en ciertos sectores de las binacionales, pero sin ninguna duda, ellos son funcionarios públicos porque perciben una remuneración permanente que proviene del patrimonio del Estado Paraguayo.

–¿Quiénes deben presentar declaraciones juradas?

–Deben presentar sus declaraciones de bienes y rentas todas las personas que acceden a un cargo público, ya sea por nombramiento o contrato. Actualmente también deben hacerlo los proveedores del Estado que no son funcionarios públicos, es decir sus directivos y accionistas. Para concursar en las licitaciones, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas pide a las empresas que presenten una constancia de que presentaron las declaraciones juradas para competir en la licitación

–¿Cómo es el manejo de esos documentos en cuanto a la seguridad?

–Para garantizar la seguridad pedí que se devuelva el personal policial que custodiaba la Contraloría, porque cuando yo asumí hice que la mayoría de los agentes sean reasignados en otras funciones porque no necesitábamos muchos policías. Pero, cuando comunicamos que vamos a publicar las DDJJ, surgieron versiones sobre todo en las redes sociales de que se podía atentar contra la Contraloría. También dijeron que nosotros o personas extrañas íbamos a interferir para la publicación. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Toda la información está en un subsuelo. Tenemos un circuito cerrado que graba todo lo que sucede y solamente dos personas cuentan con la llave.

–¿De qué volumen de documentación estamos hablando?

–Se están escaneando más de 150.000 documentos que publicaremos en un plazo de 60 días hábiles, como dispone la orden judicial, lo cual podría demorar 90 días en total.

–¿Cómo ve la posibilidad de que los legisladores aprueben modificar la ley para no depender más de una orden judicial?

–En esta orden judicial están todos los congresistas. Si ellos tienen un interés personal, ahora dejarán de tenerlo, porque todas las declaraciones serán públicas. Si se trata de una convicción sustentada en la teoría, se ratificarán.