La situación de los derechos humanos en el Paraguay arrastra varias asignaturas pendientes, algunas de ellas debido a situaciones estructurales y falencias del Estado para satisfacer algunos derechos elementales de los ciudadanos.
Durante la pandemia del Covid-19 la ciudadanía ha podido ver la crisis y el caos de cerca, debido a que el Estado no ha sido capaz de formular una política pública eficiente en salud pública, donde la premisa de la igualdad quedó reducida a la retórica; así como también el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes ha sido conculcado en estos últimos meses por la negligencia de las autoridades del país.
La frágil memoria es peligrosa porque puede dar pie a cometer los mismos errores que en el pasado. En el mes de marzo de este año, durante una protesta ciudadana, un video captado desde lo alto de un edificio mostraba a un joven con las manos atadas en la espalda siendo obligado a correr por una calle céntrica, seguido por varios policías montados a caballo, a modo de castigo por haber presuntamente participado de actos de vandalismo en contra de la sede del Partido Colorado.
Aquella acción policial fue una forma de tortura. Ningún Estado puede combatir hechos punibles cometiendo otros; y queda claro que los policías que castigaron ilegalmente al joven lo hicieron en nombre del Estado paraguayo. Después de más de 30 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, gran parte de la Policía mantiene los perversos hábitos del régimen represor. Esto se acostumbra ver en la manera en que los agentes manejan las situaciones conflictivas en las manifestaciones ciudadanas, con reacciones desproporcionadas y poco profesionales que solamente sirven para exacerbar y provocar los ánimos.
Otra deuda pendiente con los derechos humanos tiene que ver con la construcción de la memoria y la conciencia de la historia reciente. Precisamente en la semana que pasó algunos actores políticos en forma desatinada reivindicaron la figura del dictador Alfredo Stroessner. Uno de ellos fue precisamente el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien prometió hacer que los campesinos vuelvan a vivir bien como en la época del dictador. Velázquez pisoteó el legado de los miles que fueron víctimas de brutalidades y arbitrariedades en los 35 años de dictadura.
Pero sin dudas una de las deudas pendientes más dolorosas del Estado paraguayo es para con las comunidades indígenas. Recientemente se han producido decenas de desalojos por toda la geografía, contradiciendo con estas acciones a la propia Constitución Nacional. Apenas hace dos meses se informaba que el Estado paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violar derechos de la comunidad indígena Campo Agua’e del pueblo Ava Guaraní, por las consecuencias sufridas en su territorio ancestral, reconocido por decreto desde 1987, a causa de fumigaciones intensivas con agrotóxicos por parte de empresas brasileñas que producen soja. Ignorados por el Estado, los indígenas del Paraguay marchan hacia el exterminio y precisamente por esto es importante la recordación cada 10 de diciembre, una jornada para reafirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.