En un proceso penal hay dos cuestiones básicas: (1) determinar los hechos y (2) cuál es la norma legal aplicable.
Para determinar los hechos, se deben responder las siguientes preguntas: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Vale decir qué paso, quién fue, y en qué circunstancias. Un paralítico no puede acuchillar a nadie. Un ausente no puede ser el autor material. En un cuartel no pueden suceder ciertas cosas sin existir complicidad. También pueden ser más de un hecho y más de un delincuente; de todos modos, se deben individualizar los autores, los hechos, y la relación entre ellos.
Este principio de la individualidad ya estaba incorporado al Código Penal del Nápoles, del jurista Francesco Mario Pagano, en 1799 (agradezco la referencia al doctor Bertolucci). Se lo ignoró por completo en el caso de Marina Kue (Curuguaty), donde murieron diecisiete personas el 15 de junio de 2012, sin que se haya podido probar la relación entre ninguno de los imputados y los asesinatos.
Para dar un ejemplo, la Fiscalía no ha probado que ninguno de los imputados haya disparado ninguna de las armas presentadas por la Fiscalía; que ninguna de esas armas haya matado a nadie.
Entre las armas homicidas presentadas por la Fiscalía, aparece un rifle de aire comprimido, que no mata a nadie, y un revólver 38, que pertenecía a un empleado de Riquelme.
No se hicieron en su momento, y ya es tarde, las pericias de huellas digitales, pruebas de nitratos y nitritos, estudios de balística y medicina forense.
Por eso el fiscal de la causa, el fiscal Rachid, profesor de la Universidad Católica (¡qué cristiana!) debió reconocer que no tiene ninguna prueba para acusar de homicidio a ninguno de los imputados, inicialmente imputados por homicidio.
Por falta de pruebas, debió disparar un escopetazo jurídico.
La escopeta es un arma que no dispara uno sino varios proyectiles, que se dispersan y pueden alcanzar a más de uno. Por eso era el instrumento de trabajo preferido de Al Capone, quien podía completar dos trabajos al mismo tiempo.
En el mundo del foro existe el escopetazo jurídico, arma muy utilizada en las causas políticas. Cuando se arma un gran escándalo y la gente exige justicia, se apresa a varias personas, se las maltrata y tortura, para probar que no se es flojo, y que a la larga se va a encontrar a los culpables. No se los encuentra, pero se gana tiempo hasta que estalla otro escándalo, que desvía la atención pública.
De momento, el affaire Curuguaty ha servido para dos cosas: para justificar un juicio político y defender la propiedad mal habida de Riquelme; de justicia, ni hablemos.