El mandatario señaló que estudiará con su equipo para tomar la decisión una vez que se interiorice sobre el proyecto que envió el Congreso de la Nación. “Adelanto, si es que es como estoy leyendo en los medios de comunicación, que se despenaliza el falseamiento de la declaración jurada, evidentemente vamos a vetar el proyecto”, remarcó durante un recorrido que realizó ayer en algunas industrias en el Departamento Central.
Abdo insistió a la prensa que quiere hablar con propiedad sobre el tema una vez que acceda a la redacción de la ley y el análisis con su equipo jurídico en Palacio de López.
La maniobra realizada por los diputados en la redacción del texto apunta a que aquellos datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedarán despenalizados.
OBLIGACIÓN MORAL. El mandatario remarcó que como Poder Ejecutivo tiene la obligación moral de vetar si hay intenciones de evitar un proceso de investigación ante el falseamiento de datos.
“No tuve tiempo (de leer el proyecto), de todas maneras se trata de un compromiso moral; se pierde la esencia si es que en las declaraciones juradas no van a tener una pena el falseamiento. No encuentro un argumento y me cuesta creer que esa redacción tiene la ley realmente; por eso digo que no quiero adelantar una opinión formal, pero sí conceptual”, significó.
Acotó que si es que la ley promulgada por el Congreso despenaliza “vamos a vetar categóricamente”.
El texto sancionado por la mayoría de los diputados sostiene que la declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República es un acto unilateral, del que no deriva decisión sobre proceso alguno; por tanto, la misma queda exceptuada como testimonio, y no podrá ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles relativos a la prueba testimonial.
PLAZO. La Cámara Baja remitió en tiempo récord el proyecto sancionado al Poder Ejecutivo. El propio presidente confirmó que recibió la nota el martes en horas de la noche.
Ahora se reunirá con su equipo de Asesoría Jurídica y Legislativa para determinar el alcance de la decisión tomada. Tiene un plazo hasta la próxima semana para tomar una determinación respecto al documento que fue sumamente cuestionado en redes sociales y en la opinión pública.
Los diputados pusieron todo tipo de trabas para que no se conozca la declaración jurada de los funcionarios públicos. Imponen el requisito de una orden judicial para dar a conocer públicamente el contenido de sus bienes y rentas, así como de sus activos y pasivos.
Por su parte, las empresas o personas jurídicas proveedoras del Estado deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la Contraloría General de la República.
Se trata de un compromiso moral; se pierde la esencia si es que en las declaraciones no va a tener una pena el falseamiento.
Si es que despenaliza el falseamiento de la declaración jurada evidentemente vamos a vetar el proyecto. Mario Abdo Benítez, presidente de la República.