Por Luis Bareiro lbareiro@uhora.com.py |
Nadie se casa para divorciarse. Se espera que un matrimonio dure lo que dura el amor. Y el amor dura lo que dura. Algunos sostienen, basándose en la estadística, que un matrimonio se mantiene bien entre cinco y siete años y que ese período define la fecha de caducidad del amor.
Sobre esa base se presentó hace unos años en Alemania un proyecto que pretende convertir al matrimonio en un contrato renovable cada cinco años, pero solo con pleno consentimiento de la partes.
La proyectista explicó su doble objetivo: reducir el costo para el Estado del millón de trámites de divorcio por año y acicatear a los cónyuges a esforzarse por mantener el interés de su pareja si quieren renovar el contrato.
La idea es minimizar el impacto nefasto que tiene en el matrimonio el monopolio de hecho. Si sabemos que a los cinco años la persona que nos eligió puede reconsiderar su opción y elegir otra pondremos lo mejor para mantener el atractivo de la oferta inicial.
La legisladora quiso dejar en claro que si bien el divorcio es una figura legal, es siempre traumática, el último recurso ante el fracaso inevitable de un matrimonio. Hablaba desde la experiencia. Tenía cuatro divorcios.
No se plantea el divorcio por cualquier disparate. “Otra vez la tapa del inodoro levantada, quiero el divorcio”, “estoy harta de tus flatulencias, mañana te envío mis abogados”, “es la última vez que me escondes el control de la tele, me voy”.
La convivencia requiere de altos niveles de tolerancia. La ruptura solo puede sobrevenir tras situaciones dramáticas. En el peor de los casos, el divorcio es siempre un mal necesario.
En democracia, las elecciones son como el matrimonio. Uno elige por convicción, enamoramiento, tradición o por descarte, porque era el único candidato que le quedaba, o el menos peor. Por suerte, estos sí son matrimonios por plazo. Si él o la elegida no responde a las expectativas no hay por qué renovarle los votos.
Incluso es posible deshacer el compromiso antes, pero, como ocurre con el divorcio, se trata de una figura traumática y excepcional, un recurso para situaciones límites: el juicio político.
Y en el matrimonio, no se puede plantear un juicio político por cualquier disparate.
El incidente en Concepción entre militares y policías es obviamente una chambonada derivada de la falta de liderazgo del presidente; y la clonación de facturas en la secretaría de Camilo y el intento de sobrefacturación en el expediente de Teixeira son pruebas de que la corrupción sigue gozando de buena salud en muchas instituciones públicas.
Pero, ninguno de esos casos es razón suficiente para interrumpir el proceso mediante un juicio político. Diputados y senadores están convirtiendo a esa figura constitucional en la muletilla del pastorcito mentiroso. Ante cualquier flatulencia del ex obispo amenazan con el juicio. “Viene el lobo, viene el lobo”.
Si siguen así, la historia terminará igual. Cuando efectivamente el cura incurra en causal de juicio político (si es que ocurre) la herramienta constitucional estará tan manoseada que nadie creerá en ella.
Elegimos presidente y Congreso para cinco años. Ni él ni ellos y ellas son lo que querríamos, pero en tanto no violenten las reglas del juego estamos obligados a mantenerlos en sus cargos. No por ellos, sino por la institución a la que representan. Sin previsibilidad jamás construiremos instituciones sólidas. Sin ellas la democracia es sólo una mera simulación.