Esa célebre frase, siempre tan vigente, llama a una profunda reflexión sobre la concepción, la construcción y la implementación de las leyes, y su sentido de justicia, más que nada social. No se trata de que sean promulgadas decenas, cientos o hasta miles de leyes, sino que tengan un significado porque quiérase o no, encontrar justicia no siempre es fácil, mucho menos común, y peor aún en un país desbordado por la corrupción.
Podría decirse así que la ley recientemente sancionada por la Cámara de Senadores, que amplía las deducciones permitidas dentro del impuesto al valor agregado (IVA), refleja un poquito de esa ilusión de justicia que tenía el Señor de la Brède.
Esta normativa, según viene publicado Última Hora en la sección Economía, tiene como principal objetivo permitir que los profesionales independientes puedan deducir el 100% de sus compras en alimentos y bebidas en el supermercado. También incluye a otros gastos como salud, vacaciones, seguro médico, equipamiento, movilidad y capacitaciones, entre otros.
Como las deducciones se aplican sobre desembolsos que deben estar directamente relacionados a la actividad gravada, es decir, la actividad que le genera ingresos al contribuyente, la lógica es sencilla. Una persona debe comer para poder producir, una persona debe tomar agua para producir, una persona debe capacitarse para producir, etcétera, etcétera.
Rápidamente, la iniciativa ganó la adhesión de la ciudadanía y de los principales gremios empresariales. Por supuesto, porque naturalmente el pago de los impuestos genera rechazo en la gente, más que nada, porque no hay una contraprestación efectiva y eficiente en bienes y servicios públicos.
A eso se suma el argumento de que esta ley podría generar una ola de formalización. El fundamento en este sentido radica en que si los contribuyentes pueden deducir todo lo que compran con factura legal, por sentido común van a preferir ir a hacer sus compras en los negocios formales, no así en aquellos donde no obtiene beneficios.
Finalmente, desde el punto de vista del ciudadano común, poder deducir todo a fin de mes puede ser un respiro importante en la economía familiar, en un contexto de elevadísima inflación que terminó por encarecer los productos de la canasta básica, principalmente.
Tomando en cuenta lo citado anteriormente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tranquilamente puede promulgar la ley.
No obstante, esa decisión también tiene sus embrolladas paradojas.
Por un lado, la ley crea una especie de contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda. Es que la normativa recientemente sancionada habilita solo a los profesionales independientes a deducir el 100% de sus compras, no así a aquellos aportantes del IVA que se encuentran en relación de dependencia. Entonces, ¿por qué un grupo sí y por qué otro grupo no?
Por el otro lado, está el agujero que dejará esta ley. Las estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda indican que se dejaría de recaudar unos USD 100 millones por año, un número que si bien representa menos del 1% del monto global del Presupuesto Público, implica un montón de programas sociales o inversiones que se pueden ver disminuidos, o en el peor de los casos, eliminados.
El dilema es particularmente sobre de qué lado de estos dos tipos de justicia está el Ejecutivo. No es una decisión para nada fácil porque el ideal de justicia no es el mismo en todos. De hecho que si bien el que suscribe considera que Montesquieu se acercó en demasía a la certeza y la exactitud, no cree en la justicia pronta y barata, mucho menos en una justicia que llega para todos.
