Con un alto porcentaje de trabajadores urbanos y rurales desocupados y sin esperanzas de que a corto plazo se solucione la situación que les afecta, el Día del Trabajador es un momento propicio para insistir en la necesidad de que el Gobierno ponga fin a su crónica irresponsabilidad en este campo.
Alrededor de 130 mil jóvenes ingresan cada año al circuito de la demanda laboral. De esa cantidad, el porcentaje absorbido por el mercado es mínimo, por lo que el sector reclama con urgencia medidas que permitan ocuparlos, sin que estén expuestos a las dificultades propias del desempleo.
Una encuesta realizada por la Pastoral Social de la Diócesis del Alto Paraná revela que hay 30 mil personas menores de 30 años sin empleo. La emigración del campo a la ciudad –por la ampliación de la frontera agrícola, en particular por el cultivo de la soja– genera mano de obra sin ubicación y conflictos sociales que necesitan ser atendidos con recetas prácticas.
Los espacios en que las personas en edad de desempeñarse en alguna tarea remunerada son muy escasos en todo el país. La última encuesta de hogares de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) revela que apenas el 37 por ciento de esa masa obtiene ingresos de manera formal. El resto tiene que agenciarse en la informalidad y la precariedad.
La escasa o nula capacitación para responder a los requerimientos tecnológicos propios de este tiempo conspira contra los aspirantes a ingresar a una empresa. Es una forma de exclusión que no obedece a parámetros externos sino a los mismos individuos. Una mayor atención a este factor permitirá disminuir los índices de desempleo.
En lo que atañe al Código Laboral y a las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones entre empleados y empleadores, resaltan como déficits el incumplimiento de la obligatoriedad del pago del salario mínimo y el exceso de horas de trabajo.
El papel que cumple el Ministerio de Justicia y Trabajo como promotor del ingreso al sistema formal de ocupación, la capacitación, la solución de los conflictos y la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales, deja mucho que desear. Es apenas una oficina de trámites burocráticos que carece de proyectos consolidados y perspectivas prometedoras que permitan concluir que su aporte es valioso en las áreas de su competencia.
Es cierto que de la anemia o el dinamismo de la economía depende la creación de lugares donde se puede trabajar y obtener un salario con dignidad. Es indudable, sin embargo, que el Estado tiene que establecer estímulos e incentivos atractivos para las inversiones tanto de capital local como extranjero. De ese modo habrá mayores oportunidades laborales y menos compatriotas se verán empujados a salir en busca de horizontes más prometedores.