Las contrataciones para cualquier función en el Estado paraguayo deben ser conforme a la capacidad y según las necesidades. Sin embargo, requisitos mínimos como los citados son omitidos escandalosamente por las autoridades de turno y lo que es peor, en la clase política lo toman como algo normal. Creen que la institución en donde están es como el patio de su casa y que pueden hacer lo que quieran.
Así las cosas, suman y siguen las contrataciones sin concurso y por el solo hecho de ser hijo o pariente de un político o simplemente amigo del poder. La desigualdad en la posibilidad de acceso a la función pública de cualquier ciudadano cada vez es más notoria cuando se observa que se toma al Estado definitivamente como un botín político. Personas que no tienen la mínima capacidad para el desempeño de alguna función, más bien consiguen un puesto por su vínculo con un legislador, legisladora u otra autoridad.
El primer empleo para cualquier joven que recién salió del colegio suele ser, si tiene suerte con un sueldo mínimo, otros comienzan ganando por debajo de este salario y así progresivamente van subiendo.
Por el contrario, el hijo de la diputada liberocartista, Roya Torres; Elias Martín Godoy Torres, de apenas 19 años, accedió a su “primer empleo” nada más y nada menos que como asesor en la Cámara de Diputados con un salario de G. 9.500.000. ¿Qué puede asesorar este joven?, es la pregunta. Ingresó al puesto poco tiempo después de terminar el colegio. Entró como la mayoría, sin concurso de méritos y aptitudes.
Conforme a los registros oficiales el hijo de la diputada del Alto Paraná, fue incorporado al plantel de funcionarios de la Cámara Baja el pasado 22 de setiembre durante la presidencia de Raúl Latorre. En la planilla oficial figura como asesor, que en teoría tiene que ser ocupado por un especialista de un ámbito determinado, pero que en la práctica en el Estado se utiliza cualquier rubro para repartir a diestra y siniestra cargos para hijos, parientes, operadores o amigos del poder. En los registros sobre la profesión de Godoy señala que “no obra en legajo”.
Este tipo de contratos se repiten en Diputados, porque son varios los hijos o familiares de legisladores acomodados por estos en el presupuesto.
Mientras los jóvenes, en general, deben hacer un largo trajinar por diversos lugares llevando su curriculum vitae en una carpeta, haciendo largas filas para tratar de acceder al primer empleo y para que finalmente no tengan la respuesta esperada, otros son ubicados con un gran salario para un cargo al que no están preparados. En teoría todos deben ser iguales ante la ley, pero en la práctica ocupa un puesto el que está mejor conectado al poder. Esta realidad se refleja claramente en la función pública.
Durante la gestión de Raúl Latorre como presidente de la Cámara Baja ingresaron unos 300 funcionarios sin concurso. Se convirtió en una agencia de empleos para hijos de diputados, de senadores y otras autoridades como el hijo del senador Silvio Ovelar, Alejandro Ovelar, quien finalmente por la indignación ciudadana renunció. Sin embargo, la hija del vicepresidente Pedro Alliana se aferra a sus G. 18 millones.
Los casos de nepotismo y de tráfico de influencias se replican. Se debe cortar de una vez por todas este modo de hacer política con clientelismo a costilla del ciudadano que con sus impuestos espera un Estado mejor administrado y que genere bienestar con políticas públicas que establezcan igualdad de condiciones en todos los órdenes, como lo preceptúa la Constitución Nacional.