Editorial

El desafuero de Quintana es un paso a favor de la Justicia

Tras el intento de una mayoría de los diputados de proteger a su colega Ulises Quintana, imputado por varios delitos asociados al narcotráfico, planteando estudiar su desafuero recién en la próxima semana, finalmente la fuerte presión ciudadana les obligó a tratar el tema en la sesión de ayer y decidir desaforarlo para que sea sometido al proceso judicial. Es un paso significativo a favor de la Justicia, aunque en este caso, ante la evidencia de que el legislador cometió tráfico de influencia, también corresponde someterlo a la pérdida de investidura. Es tiempo de que los legisladores entiendan que ya no pueden actuar en forma corporativa para proteger a sus colegas salpicados por la corrupción, ante una acción cada vez más vigilante de la ciudadanía.

El martes último, tras haber debatido el tema en una reunión de casi tres horas, los representantes de la diferentes bancadas habían anunciado que no iban a tratar durante esta semana el pedido presentado por el Ministerio Público, solicitando el desafuero del diputado Ulises Quintana, imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los delitos de tráfico de influencia, tráfico de drogas en carácter de cómplice, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal, por aparecer ligado al presunto jefe narco detenido Reinaldo Cabaña Santacruz, alias Cucho.

En principio, aunque anunciaron que iban a dar trámite a todos los pedidos de desafuero que presente el Ministerio Público, se mantuvieron en que “respetarán la institucionalidad” y por tanto iban a aguardar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, olvidando que el presidente de dicha comisión era justamente el diputado imputado y que el mismo había suspendido la última reunión a través de un mensaje telefónico, pretextando problemas de salud. La decisión de la mayoría fue vista como un nuevo intento corporativo de los legisladores de proteger y blindar a su colega, lo cual nuevamente despertó una fuerte reacción de indignación ciudadana en las redes sociales de internet.

A esta situación se sumaron las desafortunadas declaraciones del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y del propio presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, quienes ante los requerimientos periodísticos en un acto por el aniversario del Partido Colorado se mostraron en defensa de su colega imputado. Velázquez sostuvo absurdamente que Quintana había mediado en su “rol de abogado y no de político” para pedir que la policía libere a uno de los presuntos miembros de la banda del supuesto narcotraficante, mientras Cuevas directamente se negó a tomar postura en el caso judicial, porque aseguraba no saber qué es verdad y qué es mentira.

Estas actitudes de defensa de altos exponentes del Ejecutivo y el Legislativo encendieron aún más la indignación ciudadana y obligaron a que los diputados traten finalmente el caso en la sesión de ayer y, tras escuchar los alegatos de defensa de Quintana, decidan por 75 votos a favor desaforarlo, para que sea sometido al proceso judicial.

Lo ocurrido constituye un paso significativo a favor de la Justicia, aunque en este caso, ante la evidencia de que el legislador cometió tráfico de influencia, también corresponde someterlo a la pérdida de investidura.

Es tiempo de que los legisladores entiendan que ya no pueden actuar en forma corporativa para proteger a sus colegas salpicados por hechos graves de corrupción, ante una acción cada vez más vigilante y crítica de la ciudadanía.

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