Asimismo, establece que cada candidato de cada movimiento interno partidario deberá realizar ante dicho movimiento una declaración jurada dentro de los cinco días siguientes a la oficialización de las candidaturas propuestas, en la que consigne todos los activos y recursos al inicio de la campaña para presentarla ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a fin de obtener un identificador tributario que lo individualice, a los efectos del control del financiamiento de la campaña política.
Estas disposiciones no están en negociación, indicaron los proyectistas, porque es el “espíritu de la ley”, según indicó la patriaqueridista Rocío Vallejo, principal promotora de la normativa, mientras que el liberal Jorge Ávalos Mariño sostuvo que “no tendría sentido ni valdría la pena” aprobar un documento que finalmente no incluya dichas especificaciones.
El dirigente liberal sostuvo que la modificación presentada es con el objetivo de incluir a los candidatos. “Lo que se pretende es que cada candidato sea responsable”, remarcó.
Dichas manifestaciones surgen a raíz de la postura inicial de los legisladores colorados, principalmente los cartistas, como en el caso del líder de bancada Basilio Bachi Núñez, quien había manifestado que consideran que el planteamiento es muy abarcante, por lo que plantearían que se les incluya solamente a los candidatos a intendentes.
El lunes, los colorados definirán oficialmente la propuesta que posteriormente llevarán ante el pleno.
Sebastián Villarejo también se manifestó al respecto y dijo que confía en sus colegas de las distintas bancadas y que espera que en la sesión extraordinaria del martes no se rompa el espíritu de la ley y que el debate gire en torno a la manera de hacerla más aplicable y no plantear más trabas.
El pleno de la Cámara de Diputados se reúne el martes, a pesar del receso parlamentario, atendiendo que para que la normativa entre en vigencia en las próximas elecciones municipales debe quedar sancionada antes del 7 de marzo.
Al proyecto original se le incluyeron algunas modificaciones, que ya fueron socializadas con las distintas bancadas y en líneas generales se trata de las sugerencias que fueron presentadas por las instituciones que estarán involucradas en la implementación de la normativa y que participaron de la mesa de trabajo convocada por Vallejo, como el caso de Seprelad, la SET, la Justicia Electoral y la Contraloría General de la República.