El contrabando es un flagelo que afecta negativamente a la economía, por varios motivos que están estrechamente unidos y forman parte de un conjunto de situaciones y concepciones.
En primer lugar, constituye una competencia desleal a la producción nacional, afectando a un sector que con mucho esfuerzo y pocas políticas públicas está logrando producir bienes de calidad comparables a nivel internacional, generando empleos y aportando al fisco para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones.
En segundo lugar, el consumo de productos alimenticios de contrabando, que llegan al país al margen de las instancias de fiscalización, genera riesgos a la salud por la falta de control respecto al origen de los productos, las condiciones fitosanitarias y la cadena de frío, constituyendo un problema de salud pública con costos privados y públicos.
La tercera consecuencia es en el fisco, ya que, casi con seguridad, la entrada de estos productos se realiza al margen de la normativa tributaria, a la vez que la caída de las ventas internas, generada por el contrabando, reduce las recaudaciones provenientes de las mismas.
A las consecuencias negativas se agrega la constatación de la terrible debilidad de las instituciones públicas involucradas para crear y poner en marcha los mecanismos necesarios que conduzcan a un control eficiente y al desincentivo de la entrada ilegal de estas mercaderías. Esta tiene aliento, porque hay quienes están sacando ventajas, por las coimas que alimentan y estimulan las conductas corruptas de los funcionarios públicos.
El Gobierno tiene sobre sí la enorme responsabilidad de combatirlo con todas las fuerzas posibles, pero para ello requiere de instrumentos efectivos y recursos humanos íntegros a nivel técnico, mientras que, a nivel político, deben combartirse las relaciones prebendarias y clientelistas entre el sector privado y los altos funcionarios y políticos beneficiados.
Adicionalmente a las respuestas que se deben dar en la organización e institucionalidad pública interna, el Gobierno debe enfrentar la problemática desde su política exterior, ya que otra parte del problema se encuentra en los países vecinos, especialmente en la Argentina. Paraguay debe impulsar el debate al interior del Mercosur sobre la coordinación de la política macroeconómica y de comercio exterior, de manera a garantizar que los ciclos económicos de los países más grandes no afecten negativamente a los socios más pequeños, sobre todo atendiendo a que en economías como Uruguay y Paraguay, pequeñas y abiertas, la política monetaria tiene una limitada autonomía frente a la de los países grandes.
Los efectos del contrabando son múltiples y no se reducen solo al ámbito económico, ya que al contribuir a la percepción negativa de la ciudadanía sobre la capacidad estatal para enfrentarlo, también socava los cimientos de la legitimidad pública.