La Unión Industrial Paraguaya convocó a 55 gremios empresariales para manifestar el descontento con los resultados del operativo oficial de lucha contra el contrabando.
Con el lema El contrabando es contra todos, se pretende concientizar a la ciudadanía en contra de este flagelo que está poniendo en grave riesgo la recuperación económica.
“Estamos disconformes con la lucha que se está encarando contra el contrabando, que lo único que genera es una lucha de clases sin sentido”, afirmó tajante el titular de la UIP, Enrique Duarte.
La idea de la campaña es la de crear conciencia acerca de las consecuencias negativas del contrabando en la economía nacional, razón por la cual el gremio lucha por la formalidad y la equidad social, con salarios justos; reivindicando salud, educación, seguridad ciudadana y más infraestructura, que son derechos que no podrán ser efectivos si se continúa tolerando la evasión de impuestos.
El mensaje que los industriales envían a la población es bastante claro, en el sentido de que el principal afectado por el contrabando es el empleo. Cada vez que una persona compra un producto más barato, de la calle, se está sacando el empleo a la gente; y dicho de otra manera, sin contrabando podrá haber más empleo, pues el contrabando no paga.
Intentar negar la realidad o tratar de ignorarla resulta casi imposible, considerando que el contrabando ha ganado su lugar, y se lo puede ver todos los días, en las calles, a la vista de todos. Y la lucha debe ser frontal y decidida, como en los países vecinos.
Es por eso que no se debe cejar en la tarea de ejercer los controles y aumentar las incautaciones de mercaderías ilegales. Y, sin duda alguna, aquí también hay un mensaje claro para la Justicia, para que esta sea más rápida y eficiente para sancionar a los contrabandistas.
Los cuestionamientos de los industriales del Paraguay ante la gestión gubernamental tienen bases sólidas.
Basta con recordar que hace una semana nos hemos visto sacudidos por una denuncia realizada por un senador de la República.
Durante una sesión de la Comisión de Seguimiento al combate del contrabando de productos industrializados y frutihortícolas, el senador liberal Abel González había denunciado que policías, militares y funcionarios de Aduanas protegen el comercio ilícito en las fronteras, e incluso exhibió capturas de un video donde se observa a policías escoltando un convoy de camiones de contrabando. Y, en la misma línea de la campaña lanzada por la ÚIP, señaló la pérdida de empleos formales y perjuicio a las empresas locales, la producción nacional y el comercio por culpa del contrabando.
Sin embargo, pese a la gravedad de las denuncias de corrupción realizadas por el senador, estas no provocaron acciones decididas por parte de la Justicia.
El contrabando es un verdadero flagelo que pone en grave riesgo la economía del país, así como también debilita las bases del sistema democrático. Exigimos del Gobierno acciones contundentes.
