En una entrevista con Efe con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se cumple el 31 de mayo, el colombiano Yul Francisco Dorado, director regional de CAI, destacó la importancia de frenar la entrada de cigarrillos de contrabando o de marcas falsificadas a los países de la región.
Según dijo el representante de una ONG que desde hace más de 35 años desafía “las acciones irresponsables de las grandes corporaciones”, alrededor de unos diez cigarrillos de cada cien que se venden en la región son ilegales.
Precisamente el lema de este año para la jornada antihumo es "¡Alto al comercio ilícito de productos de tabaco!”.
Hasta ahora solo dos de los países latinoamericanos, Nicaragua y Uruguay, han ratificado el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de 2012, que forma parte del Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT) de la OMS.
En total son 54 los países firmantes del protocolo, entre ellos, además de Uruguay y Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador, pero solo ocho lo han ratificado y se necesitan 40 para que se haga efectivo.
A juicio del director regional del CAI, en el Protocolo del Comercio Ilícito “se condensan todas las medidas que los países deben tomar para controlar la cadena de suministro del tabaco”.
Dorado exhortó a los países latinoamericanos a que firmen y ratifiquen el protocolo para que “exista en América Latina un seguimiento real y más verídico al contrabando y al comercio ilegal de los productos derivados del tabaco”.
“Con este protocolo los gobiernos tendrán la obligación de controlar desde el cultivo de la hoja de tabaco, pasando por la fabricación y comercialización del producto hasta que éste llega al consumidor para evitar que el cigarrillo se vaya por rutas ilegales, atacando así las redes del contrabando”, agregó Dorado.
Entre las medidas que establece el protocolo contra el comercio ilícito está que cada cajetilla de cigarrillos debe tener las estampillas, los códigos de barras y las advertencias sanitarias, que deben ocupar hasta del 80 % de la superficie, que establece la legislación de cada país.
Esas medidas han permitido que en Brasil “todos los cigarrillos que salen de cualquier fabrica ubicada en su territorio” estén controlados y no puedan salir a otros países de manera ilegal, como ocurre en Paraguay, según Dorado.
La producción de cigarrillos en Paraguay es 20 veces mayor que la demanda interna, dijo el directivo de CAI, para sentenciar a continuación que “el cigarrillo paraguayo va a parar a cualquier parte”.
Para el director de esta ONG especializada en defender a la sociedad de los abusos de las grandes empresas, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Brasil son líderes en América Latina en la aplicación del CMCT y en la disminución del consumo de tabaco.
En algunos de esos países la implementación de las políticas de control, planteadas en el protocolo del CMCT, han tenido un efecto positivo y ha disminuido un 22 % el consumo.
A juicio de Dorado, muchos de los estudios sobre comercio ilícito de tabaco son elaborados por la propia industria tabacalera, por lo que sus resultados no son fiables.
“Invitamos a los gobiernos a fortalecer las políticas recomendadas por el protocolo de comercio ilícito y sobre todo a mantener al margen a la industria tabacalera, la cual manipula cualquier estudio y resultado en materia de comercio ilícito y genera información que no es real” dijo a Efe.
Para Dorado, hay una relación directa entre el comerció ilícito de cigarrillos y el hecho de que las cifras de consumo de tabaco no bajen como se esperaba en sectores de población de bajos ingresos.
También alienta que los menores de edad se inicien en el tabaquismo, agregó.
“Esto supone una amenaza para la salud pública y para el sistema de salud latinoamericano”, que en un año gasta aproximadamente 33.458 millones de dólares en atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo que causan alrededor de 379.000 muertes al año en la región, subrayó Dorado.
Si se aumentarán en un 50 % los precios de los cigarrillos en cada país de Latinoamérica, se ahorrarían entre 1.385 millones y 3.815 millones de dólares en costos sanitarios y se generarían 5.873 millones por recaudación impositiva adicional, según los datos que maneja Corporate Accountability International (CAI).
Por Diego Saganome
