Los tres ternados por el CM para reemplazar a la jubilada ministra Miryam Peña fueron presentados al Senado; los postulantes Delio Vera Navarro, Gustavo Santander y César Diesel, profesionales del derecho que coincidentemente son colorados, en palabras del senador y ex ministro de Salud Antonio Barrios: “¡Gracias a Dios!”.
Como ya sucedió en el proceso de selección que terminó con la elección de Carolina Llanes, quien notoriamente era candidata del Poder Ejecutivo en ese momento, el Consejo no dio publicidad al momento en que se elaboró la terna, como lo establece la Ley 6299/2019, que dice que debe ser público y transmitido por “medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía”.
El Consejo esta vuelta no dio divulgación a los audios de las deliberaciones de sus miembros al momento de argumentar oralmente sus decisiones, y solamente se veían las imágenes.
Esto fue parte de la etapa final del proceso de elaboración de la terna de candidatos a la CSJ, proceso que cuenta con cuestionamientos desde el inicio mismo por los puntajes sumamente subjetivos que se otorgaron, así como procedimientos incluidos en el reglamento que fueron considerados inadecuados.
Específicamente, la etapa que generó una estampida de renuncias fue la de examen de conocimiento, introducido para este proceso, y que generó que 11 de 33 candidatos firmen una nota de protesta en contra.
Varios postulantes ya no se presentaron a dicho examen al renunciar, con lo cual al final quedaron solamente 21 candidatos en carrera.
También generó protestas de parte de los postulantes el hecho de que no hayan sido calificados varios de sus títulos universitarios de grado superior, así como las subjetivas calificaciones que se realizaron en el proceso de audiencias públicas.
El Consejo de la Magistratura se ratificó en todos sus procedimientos y no dio el brazo a torcer, y aún así, los puntajes no fueron demasiado parámetro a la hora de elaborar la terna, considerando que el postulante con mayores votos de parte de los miembros fue César Diesel Junghanns, director jurídico de la Justicia Electoral, que estaba número 17.
Ante las diversas críticas vertidas a través de los mismos candidatos, los medios de comunicación y representantes de organizaciones civiles, el Senado pidió informes al CM, que tiene un plazo de 15 días para responder.
