El conflicto que se desató en estos días ante la imposibilidad de habilitar el nuevo Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), debido a que el establecimiento no cuenta con un sistema de desagüe cloacal y tratamiento de efluentes, demuestra lo mal que sigue funcionando la gestión pública, ante la incapacidad de las autoridades de coordinar esfuerzos, previendo y solucionando a tiempo cuestiones que deberían ser básicas cuando se proyecta una obra que busca mejorar los servicios de salud para la ciudadanía.
De este modo, todos los esfuerzos que se han realizado por habilitar un nuevo centro asistencial, a un costo de 75 millones de dólares, que podrían ayudar a disminuir la situación de crisis y colapso de los servicios que afectan cotidianamente a los asegurados de la previsional, se ha visto forzosamente frenado al no contar con el desagüe cloacal.
Lo penoso de este caso —además de haberse comprobado la llamativa situación— es asistir al “pase de pelotas” o de acusaciones recíprocas, echándose mutuamente la culpa unos a otros, entre directivos y funcionarios del IPS, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), por la falta de operatividad del servicio.
Al final, se ha decidido optar por una medida paliativa, que consistirá en liberar el desagüe cloacal del centro sanitario a las aguas del arroyo San Lorenzo, a través de un aliviadero, hasta tanto el MOPC culmine la construcción de una planta de tratamiento de efluentes, que demorará aún algunos años. De más está decir que no se debería jugar de esta forma con un tema tan delicado como lo es la salud pública.
En forma paralela a la problemática del Hospital IPS Ingavi, la prensa también informó sobre las dificultades surgidas en el Hospital de Trauma, donde se ha logrado que la Entidad Binacional Yacyretá apruebe aportar fondos para construir un albergue más que necesario para los familiares de pacientes que actualmente permanecen hacinados en los reducidos espacios, acompañando las vicisitudes de sus seres queridos internados, pero el emprendimiento no ha podido avanzar porque el centro sanitario carece de título de propiedad del terreno en donde se halla afincado desde hace muchos años, sin que nadie se haya preocupado hasta ahora de tramitar una cuestión tan básica ante las instituciones encargadas del tema, como el Municipio de Asunción, la Dirección Nacional de Catastro y el propio Ministerio de Salud Pública.
Tras la revelación de este caso, se detectó que existen en total 631 establecimientos de salud que carecen de título de propiedad en todo el país, incluyendo importantes hospitales y centros sanitarios. Debido a esta situación irregular, ya se han debido perder valiosas donaciones o se han tenido que cancelar de manera obligada algunas licitaciones de obras y equipos médicos, por no reunir los requisitos exigidos por la ley. Es hora de superar esta lamentable tradición de informalidad, de desidia, irresponsabilidad y falta de capacidad de organización y de gestión en el manejo de la cosa pública, porque es una situación que perjudica en forma negativa a una gran parte de la población más humilde y necesitada. Ser más serios y responsables es lo que permitirá avanzar hacia un país mejor.
