El caso Berilo es el primer golpe dado durante el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, que alcanzó prácticamente todos los estratos. Es que cayó un supuesto narcotraficante, Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, lo que derivó luego en la detención y procesamiento de un fiscal, un asistente, varios agentes policiales, por supuesta coima, y hasta un diputado en ejercicio.
El operativo se inició cinco meses antes, ya durante el gobierno de Horacio Cartes. Tuvo más de 20 allanamientos, incautación de 23 de lujosos vehículos, a más del hallazgo de 21 kilos de cocaína, ocho detenidos y 15 imputados, en su mayoría en el Este país. Según la Fiscalía, se desbarató una estructura del narcotráfico.
Cabaña Santacruz supuestamente lideraba la estructura, pero su detención desnudó la conexión política, ya que es supuesto financista de campañas proselitistas. Incluso, aparece en una foto junto con el presidente Abdo Benítez, lo que desató la polémica sobre si también puso dinero para su campaña.
A la captura de Cucho le siguió la imputación del diputado colorado Ulises Quintana, que apenas en julio del año pasado había asumido su banca. Se dio a conocer una llamada telefónica que tuvo con Cabaña en la que supuestamente medió para liberar dinero que era enviado hasta la capital del país. Al cargo de tráfico de influencias contra el legislador le siguieron –aunque sin mostrar pruebas– los de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero, ya que tenía en su poder un vehículo del principal encausado.
A esto se sumó la imputación y posterior detención de varios agentes policiales, e incluso, encargados de la Comisaría de Nueva Londres, en Caaguazú, porque supuestamente cobraron una coima para dejar pasar el dinero que luego se usó para comprar drogas y enviarlas al Brasil, según la Fiscalía.
El caso incluso derivó en forma indirecta en la imputación del fiscal Gustavo Yegros. Es que una de las llamadas interceptadas de Cabaña, conforme con la Fiscalía, demostraría que el mismo prestó dinero a un fugitivo de la Justicia, con lo que supuestamente se pagó a un agente fiscal para no ser detenido. Incluso, un asistente fiscal, Luis Ricardo Yegros, también fue procesado.
MENSAJE. Las consecuencias del Operativo Berilo dividieron las aguas políticas, ya que fue un claro mensaje del presidente de que iba a haber una lucha directa contra la corrupción, incluso en contra de gente de su entorno, ya que el diputado Quintana es del movimiento Colorado Añetete, que lidera Abdo Benítez.
Sin embargo, a cuatro meses de explotar el caso, la Fiscalía no ha demostrado que haya buscado profundizar la investigación a más de lo que ya se tenía. Este mes, ante el pedido de libertad del diputado Quintana, la fiscala Lorena Ledesma dijo que aún faltaban responder a los oficios varias entidades bancarias y otras sobre los bienes del encausado.
Con ello, es la defensa la que propuso diligencias, entre ellas, la declaración de seis ministros de la propia Corte Suprema de Justicia. No obstante, por la forma en que se lleva la causa por parte de los agentes encargados, lo más probable es que la Fiscalía pida otros seis meses más de investigación, con lo que el requerimiento conclusivo pasaría a setiembre de este año.
Por otro lado, con alabanzas y críticas, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ya empezó a usar los vehículos de Reinaldo Javier Cabaña, administrados por la Senabico. Las críticas se dan principalmente de parte de abogados y ex jueces, puesto que sin haber siquiera una sentencia ya se reparten los bienes del procesado, violando la presunción de inocencia.
Con ello, es evidente que el Operativo Berilo puso al tapete lo que era vox populi sobre la conexión de los narcotraficantes con los políticos. Ahora, el desafío será que los fiscales investiguen realmente y no solo presenten un cruce de llamadas como evidencia.