“Sí, vamos definitivamente a hacer una nota de disconformidad” con el fallo de la Junta de Resolución de Conflictos (JRC), declaró este lunes la ingeniera Ilya Marotta, la funcionaria de la ACP encargada del proyecto del tercer juego de esclusas que construye el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la empresa española Sacyr.
Marotta explicó que la “nota de disconformidad abre la puerta para ir a un arbitraje internacional” en un futuro, una posibilidad que “analiza profundamente” la ACP.
“No tenemos que ir a arbitraje de una vez, pero sí hay que emitir la nota (de disconformidad), estamos haciendo el análisis profundo a ver si amerita ir a un arbitraje” internacional, añadió la funcionaria del organismo autónomo panameño en una entrevista con la televisión local.
Precisó que tanto la ACP como el GUPC tienen “28 días” a partir de la notificación del fallo, el pasado 31 de diciembre, para emitir la nota de disconformidad.
La emisión de la “nota de disconformidad” no afecta la disposición legal que establece que la ACP tiene 28 días a partir de la notificación del fallo para pagar al consorcio el monto establecido por la Junta de Resolución de Conflictos en su fallo, confirmaron a Efe las partes en litigio.
Marotta reveló que la decisión de la Junta de Resolución de Conflictos “a favor del contratista no fue unánime” y argumentó que la ACP emitirá la nota de disconformidad porque si hubiera “pensado que el contratista tenía derecho” al reclamo presentado “le hubiera dado la razón desde un principio”.
El contrato firmado en 2009 por las partes para el diseño y construcción del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá establece tres instancias para atender los reclamos económicos: la primera de ellas la ACP, la segunda la Junta de Resolución de Conflictos y la tercera un arbitraje internacional.
El GUPC firmó el contrato del nuevo juego de esclusas en 2009 por 3.118 millones de dólares, aunque el consorcio ha presentado a la ACP varios reclamos económicos que suman unos 2.300 millones de dólares.
La Junta de Resolución de Conflictos, la segunda instancia para resolver las diferencias entre las partes, decidió que de uno de esos reclamos presentado por el GUPC, por 463 millones de dólares, la ACP deberá pagar 233 millones de dólares.
“Aunque en esta instancia (Junta de Resolución de Conflictos) hay un reconocimiento parcial en ambas direcciones, nos corresponde hacer un análisis profundo técnico y jurídico de esta decisión para dar el paso que más convenga a los intereses del Canal”, dijo el administrador de la ACP, Jorge Quijano, en un comunicado difundido el pasado 1 de enero.
Por su parte, el GUPC dijo también en esa misma fecha a través de un comunicado que el fallo de la Junta obliga a la ACP a pagarle “234 millones de dólares y otorgarle una extensión de contrato de seis meses”.
