–En el año 2012 se creó esta secretaría; sin embargo, no ha tenido mucha preponderancia. ¿Qué camino tomará usted de modo que tenga mayores resultados?
–El aspecto preventivo no tiene resultados espectaculares, pero es un trabajo que necesariamente hay que hacer, pero a través de ese trabajo preventivo se va construyendo más institucionalidad, y hay que recordar en ese sentido que el cambio siempre va a venir de cada una de las personas. El cambio de las prácticas corruptas inicia con el cambio de la mentalidad de las personas, pero hay otro aspecto que vamos a luchar, que es el represivo, el combate a la corrupción.
–¿Cuál es el plan para esto?
Hemos recibido expresas instrucciones del presidente de la República para darle impulsos más operativos para identificar si existen indicios de corrupción y asegurar a través de un seguimiento que esos indicios sean presentados al Ministerio Público. Queremos que la ciudadanía vea en esta Secretaría como un órgano confiable para que lleguen aquí las denuncias.
–¿Se cuentan con mecanismos de seguridad y protección para los denunciantes?
–Existen mecanismos que aún deben ser perfeccionados y que buscamos avanzar en proyectos que se encuentran en curso. Pero queremos lograr la confianza total para que esa persona que llegue no tenga temor de perder su trabajo o incluso su integridad física, y que lo haga con total seguridad es nuestro compromiso institucional. Que no quede como una simple denuncia y que no prospere por falta de interés o por falta de voluntad nuestra.
–¿Cuáles serían los objetivos principales a los cuales se abocaría con miras a establecer las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa?
–Tenemos unos planes de acción en pleno ejercicio, en plena ejecución, que tienen que ver sobre todo en el fortalecimiento de las unidades de transparencia y pasan por la debida capacitación. También estamos en proyectos de implementación de códigos de ética y de buen gobierno en cada una de las instituciones. Hay que tener en cuenta que el fenómeno de la corrupción tiene su raíz en un quiebre ético, si bien una conducta que viola los principios de la ética en la función pública no siempre va a constituir un delito. Pero se deben prever herramientas para que los códigos no sean letra muerta.
–En medio de toda la crisis política que generó el acta sobre Itaipú, suscrita entre Paraguay y Brasil, que ha servido para sacar a luz una latente corrupción, anunciaron una investigación para esclarecer el hecho. ¿Cuál sería el siguiente paso?
–Una vez que se toma estado público, el presidente de la República dio instrucciones de implementar todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Eso para empezar, como una señal política clara en cuanto a la apertura del Poder Ejecutivo para todos los requerimientos y todas las indagaciones que haga el Ministerio Público. Desde el punto de vista administrativo, la tarea que estamos cumpliendo es la de recabar las informaciones que sean relevantes para que en caso de existir alguna circunstancia podamos tomar ciertas medidas, como dijo el mandatario: “Caiga quien caiga”.
–Usted ingresó a la Fiscalía Anticorrupción en el año 2005. ¿Ha cambiado desde entonces el fenómeno de la corrupción?
–Lo que podemos decir desde esa época e inclusive podemos remontarnos más atrás, desde la reforma del sistema penal a la fecha, hemos tenido muchos avances desde el punto de vista de la persecución de los hechos punibles de corrupción pública, y cuando hablamos de avances, si bien podemos identificar la corrupción pública como un mal endémico de nuestra sociedad, también podemos identificar que ha habido avances desde el punto de vista del combate de ese fenómeno.
–¿Cuáles serían esos avances?
–Estamos hablando de procesos iniciados y concluidos con sentencias condenatorias firmes, estamos hablando de funcionarios públicos que han incurrido en conductas punibles de corrupción pública que han sido sometidos a proceso, que incluyen penas privativas de libertad. Pero todavía tenemos una deuda con la sociedad en cuanto a los resultados, hay mucho que hacer todavía, pero ya tenemos las instituciones, la estructura jurídica, y a eso hay que sumarle que cada vez hay menos tolerancia por parte de la sociedad y la opinión pública hacia los actos de corrupción.
–¿La politización de las instituciones públicas propicia la corrupción?
–La politización es un mal uso de los fondos públicos; de hecho, el poder Ejecutivo naturalmente está conformado por personas que pertenecen a un sector político, porque es el gobierno que a través de elecciones populares accede a la administración de la cosa pública. Pero, por supuesto, una vez en ejercicio del gobierno todos están sometidos a la ley. En eso consiste el estado de derecho y dentro de ese ordenamiento jurídico el correcto uso de los fondos públicos.
–¿Cómo esta secretaría a su cargo va a detectar e investigar los casos de planillerismo?
–Hay un sistema de coordinación de unidades de transparencia de todas las entidades que dependen del Poder Ejecutivo. Estas unidades cuentan con cooperación internacional, que pasa por la formación del elemento humano, informática, logística, equipos interdisciplinarios y también la cooperación entre distintas agencias dentro del Ejecutivo. Incluso, otras entidades como la Contraloría General, si bien es un órgano extrapoder, también tienen misionalmente una incidencia.
Trayectoria
René Fernández se desempeñó primero como abogado particular; luego, en 1999, ingresó al Ministerio Público. Primeramente fue designado como fiscal ordinario, posteriormente pasó a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, hasta julio de este año.