Gularte, de 42 años, fue ejecutado el pasado 28 de abril en la prisión de Nusakambangan, en Indonesia, a pesar de los intentos del Gobierno brasileño de frenar el fusilamiento.
Antes de su ejecución, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, envió varias cartas al Gobierno indonesio solicitando que la pena fuera conmutada debido al cuadro de esquizofrenia que sufría Gularte, pero las misivas fueron ignoradas.
El brasileño fue ejecutado al mismo tiempo que los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze, todos acusados de tráfico de drogas, que en Indonesia se castiga con la muerte.
Brasil advirtió que la ejecución de Gularte, la segunda de un brasileño en Indonesia, supone un “hecho grave” en el ámbito de las relaciones entre los dos países.
Tras la ejecución de Marco Archer Cardoso Moreira, el pasado 17 de enero, Rousseff llamó a consultas al embajador brasileño en Yakarta.
En febrero, ante la indiferencia de Indonesia a sus pedidos de clemencia, la mandataria se rehusó a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de ese país asiático en Brasil.
