La clase política despliega todo su arsenal en busca de obtener la mayor cantidad de votos y asegurar, por al menos otros cinco años más, los mismos privilegios de siempre.
Por supuesto, este 2022 no puede ser la excepción.
Según publicó Última Hora en su edición impresa de este domingo (www.ultimahora.com/c3008834), están pendientes de tratamiento en el Congreso cinco iniciativas que prevén una ampliación del Presupuesto General de la Nación en G. 161.498 millones (USD 25,3 millones) para inflar el gasto salarial del Estado.
Siempre de acuerdo con la publicación, los proyectos contemplan desde aumentos salariales y creación masiva de cargos, hasta pagos de beneficios extras, como subsidio familiar y reposición de recortes hechos en años anteriores. Las entidades afectadas son la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Cámara de Senadores y Caja de Empleados Ferroviarios.
El agujero que tendría que soportar el Tesoro, en caso de que estos planteamientos sean sancionados, puede convertirse incluso en una catástrofe si prospera la ley que busca compensar o indemnizar a ex obreros de empresas contratistas de Itaipú. Solo esta última ley le costaría al Estado paraguayo entre USD 800 y USD 900 millones.
Sin entrar a juzgar los merecimientos, a los parlamentarios al parecer se les está olvidando los recientes antecedentes y la actual coyuntura económica.
Además de sufrir una desaceleración en el 2019 por efectos del clima, Paraguay —y el mundo en realidad— viene arrastrando enormes problemas fiscales y financieros por la pandemia del Covid-19.
En nuestro caso en particular, el Gobierno tuvo que tomar nuevo endeudamiento por más de USD 5.000 millones para enfrentar la crisis sanitaria y su inevitable derivación social, en medio de una baja presión tributaria y un creciente malgasto estatal. El déficit tocó niveles históricos, llegando incluso al 6,2% del PIB en el 2020.
El Fisco, por su parte, también vio mermados sus ingresos drásticamente, ante la caída de la actividad interna. Se estima que solo entre 2019 y 2021, la Administración Tributaria dejó de recaudar USD 700 millones, lo que implica un fuerte desfinanciamiento de programas sensibles para la ciudadanía, a través del Presupuesto Público.
Cuando todo parecía haber quedado atrás, sin embargo, se vino la sequía entre fines del 2021 e inicios del 2022. El clima volvió a golpear duramente al campo y derivó en una merma en la producción agrícola de aproximadamente el 60%, en una economía casi dependiente aún del sector agropecuario. Esto significa no solo menos ingresos fiscales, nuevamente, sino que el PIB nacional crecerá cero este año, sobre una proyección inicial del 3,7%.
En medio de esta tormenta perfecta, los políticos al parecer buscan asestar el golpe de gracia al Fisco. Si bien el aparato estatal representa solo el 10% de la población económicamente activa, el gasto en salarios se devora la friolera suma de casi USD 4.000 millones al año; es decir, se llevará el 10% del PIB paraguayo. Si ese enorme gasto sigue siendo ampliado —y reitero— sin entrar a juzgar merecimientos, todo apunta a una de dos: o se crean más impuestos para sostener la estructura, o se entra nuevamente en una especie de default selectivo, como a inicios de los 2000. En cualquiera de los casos, el panorama no es alentador si los legisladores no recapacitan y esperan el momento adecuado para tratar estas iniciativas.
“La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”, sostenía el escritor y filósofo francés, Edmond Thiaudière. De cara a nuevas elecciones, un pésimo legado de los parlamentarios sería dejarle a la siguiente Administración unas finanzas públicas en aprietos.
