Estas son algunas de las cifras que arroja el estudio “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso”, que presentó hoy su autor, Greidys Joel Roa Chalas, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode), en un panel organizado por la institución.
Uno de los parámetros más llamativos utilizados en la elaboración del documento para ilustrar “la magnitud de la pobreza de los ciudadanos de la frontera dominicana” son las características de sus hogares, “muchos de los cuales presentan profundas particularidades de subdesarrollo, con condiciones de indigencia.”
Entre los datos recogidos destaca que el 17 % de los hogares no tiene ningún tipo de servicio sanitario, y el mismo porcentaje carece de suministro público de energía eléctrica.
Esta circunstancia lleva a sus habitantes a cubrir sus necesidades de alumbrado con el uso de lámparas de gas (propano o queroseno) o a abastecerse mediante una planta eléctrica propia; en cuanto al combustible que utilizan para cocinar, el 23 % todavía cocina con leña, y el 10 % lo hace con carbón.
Otra circunstancia que refleja el estudio es que el 48 % de las casas están construidas con madera o con materiales de menor consistencia, y el 14 % posee piso de tierra.
Esas condiciones “reflejan el nivel de vulnerabilidad de una gran cantidad de personas que está expuesta a contraer diversas enfermedades intestinales y respiratorias, así como el gran daño que se le hace al medio ambiente con la deforestación que causa la tala de árboles utilizados para encender los fogones, sin dejar de lado la incidencia de incendios forestales”, reza el texto.
Esta situación de pobreza y desigualdad con respecto al conjunto de las 31 provincias que componen el país se mantiene a pesar de la promulgación, en 2001, de la Ley núm. 28-01, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo con el objetivo de paliar esas diferencias.
De acuerdo con los mapas de pobreza de República Dominicana correspondientes a los años 2005 y 2014, todas las demarcaciones de la frontera quedan, en ambas fechas, por debajo del Índice de Calidad de Vida (ICV) promedio del país.
Tanto Roa Chalas como el resto de participantes en el panel “Balance y perspectiva del desarrollo fronterizo en República Dominicana”, coincidieron al señalar la importancia de la revisión de la Ley sobre Desarrollo Fronterizo, y una mayor atención sobre la zona por parte del Estado.
Los otros ponentes fueron el director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), Miguel Bejarán y el vicepresidente del Consejo Nacional de la empresa Privada (CONEP), Rafael Paz, quienes abordaron el papel que desempeñan el Estado y la iniciativa privada en el desarrollo de estas demarcaciones.
