La independencia de la Justicia es un principio protegido por la Constitución Nacional, pero en la práctica no siempre se cumple. Es así que un estudio denominado “Diagnóstico de las condiciones, percepción e inseguridad de jueces y juezas de Paraguay”, realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip), sacó a luz que el 40% de los jueces del país afirma que conoce a colegas que toman decisiones por presiones.
Los magistrados y magistradas que respondieron a la encuesta declararon que sus pares suelen estar influenciados por factores extralegales, tales como presión política, presión mediática, presión de gremios y presión de víctimas, además de estar incididos por factores económicos.
Los responsables de analizar los datos obtenidos de esta encuesta indicaron que, en contraposición al número anterior, el 82% de los magistrados dijeron sentirse autónomos al momento de tomar decisiones, lo que llamó la atención.
“Se consultó también a magistrados y magistradas cuán autónomos y autónomas se sienten, independientemente a factores extralegales al momento de adoptar una decisión jurisdiccional cuando existe presión mediática, política, económica o social. Si bien el gran porcentaje manifestó sentirse muy autónomo; el 40% de magistrados manifestó que conocen a colegas que deciden guiados por factores extralegales”, resalta el informe, contraponiendo ambos datos.
Desde Inecip consideran que el tema podría ser un tabú entre los jueces.
“Las preguntas indirectas permiten medir situaciones tabúes para quienes estén respondiendo un cuestionario, como es el caso de decidir o no guiados por factores extralegales”, subraya el estudio.
La encuesta fue llevada a cabo entre el 24 y el 30 de junio del 2022, dentro del proyecto de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, en apoyo a la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Fueron sujetos del diagnóstico 571 personas que representan el 75,3% de magistrados y magistradas del país. De ellos, 374 son mujeres y 197 hombres.
El objetivo es conocer científicamente los niveles de inseguridad objetiva y subjetiva de magistrados y magistradas de la República, así como sus necesidades percibidas de protección ante la influencia de la criminalidad.
De hecho, el 16% de los magistrados del país declararon haber recibido algún tipo de amenaza, incluyendo las realizadas por medio de las redes sociales, y el 42,9% cree que podría ser víctima de agresión o represalia.
Crisis. Los resultados de este diagnóstico se dan a conocer oportunamente, en un momento en que el sistema de justicia atraviesa una crisis de credibilidad e independencia, por la gran incidencia de sectores políticos y económicos entre fiscales y jueces, además de cambios en el Ministerio Público como la asunción de un nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el proceso de selección de un nuevo ministro de la Corte ante la jubilación de Antonio Fretes.
En destaque
16% de los magistrados y magistradas del país declaró haber recibido algún tipo de amenaza, incluso de muerte.
