29 mar. 2024

Ejecutivo y Poder Judicial crearán registro único de datos antilavado

Establecerán una base de datos estadísticos entre Seprelad, Fiscalía y Poder Judicial. Paraguay trata de hacer buena letra en momentos en que está bajo la lupa del Gafilat para evitar sanción.

Compromiso. Arregui (izq) firmó acuerdo con fiscal general y presidente de la Corte.

Compromiso. Arregui (izq) firmó acuerdo con fiscal general y presidente de la Corte.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial acordaron la creación de un registro único de datos para el combate contra el lavado de dinero. Establecerá las líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre todas las instituciones involucradas.

El objetivo real es que Paraguay pueda contar con estadísticas sobre todo lo vinculado al lavado de activos. De esta manera, las autoridades del Gobierno pretenden dar una señal al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que evalúa todas las acciones realizadas por el país desde el 2016.

Para concretar, se firmó un convenio entre el ministro Carlos Arregui (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez; y la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

Estas instituciones pretenden afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el fortalecimiento de los sistemas institucionales de trabajo. Forma parte de las líneas de acción para fortalecer las labores desarrolladas de manera conjunta en la lucha contra lavado de dinero.

Promoverán un sistema para la recepción, procesamiento, conservación, utilización, resguardo y acceso a la información que sea recibida, procesada, conservada o intercambiada entre las instituciones firmantes.

La Seprelad aporta un software (denominado Sistema Coordinado de Estadísticas), que tendrá como fin implementar un plan y procesamiento que permita llevar un relevamiento estadístico de manera a obtener información y procesos judiciales vinculados al lavado de activos y hechos punibles precedentes.

Una de las cláusulas del acuerdo interinstitucional señala que todo documento, carpeta, y otros medios de almacenamiento que contengan información de inteligencia, restringida y confidencial debe ser ubicada en áreas protegidas.

La información recibida o intercambiada a través del Sistema Coordinado de Estadísticas será considerada de carácter indicativo, no constituyendo los mismos elementos probatorios que puedan ser utilizados ante los órganos judiciales o administrativos en un eventual proceso.

Ante una inmediata necesidad de información de una de las partes, se usarán como canales directos de comunicación la coordinación interinstitucional quienes podrán efectuar las solicitudes y gestiones, respetando la confidencialidad en cada caso.

Propiciarán herramientas para el uso de informes electrónicos de forma segura.

estadísticas. El Poder Judicial, la Fiscalía y Seprelad realizarán la carga de los datos estadísticos que le son competentes a cada una de ellas en cuanto a las acciones realizadas para combatir el flagelo.

El titular de estadísticas judiciales estará en contacto permanente con los funcionarios de la Seprelad y la unidad respectiva del Ministerio Público.

Mientras que el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, ejercerá el control del trabajo de coordinación para supervisar el trabajo de implementación del software.

El acuerdo entre las instituciones del Gobierno tendrá una duración de dos años y puede ser prorrogable.

Presidente promulgó las 10 leyes exigidas por Gafilat
En el marco de un acto que se realizó en Palacio de Gobierno, el presidente Mario Abdo Benítez había completado la promulgación de las 10 leyes que pretenden endurecer las acciones del Gobierno para combatir contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva. Se planteó la modificación del Código Penal, la actualización del marco normativo en base a los estándares fijados internacionalmente. Incorporan tipos penales, como la creación de juzgados penales y económicos especializados en lavados de activos y delincuencia económica; la creación del registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales, además, la modificación de la ley del régimen de transparencia.