“Para nosotros una decisión de la Corte es una decisión de un poder del Estado. Podemos criticar, pero debemos cumplir. El Poder Ejecutivo puede presentar acuerdos o desacuerdos, pero el Poder Ejecutivo no forma parte de este proceso, no pidió la constitucionalidad o inconstitucionalidad; en consecuencia, no podemos emitir juicio de valor sobre eso”, señaló.
Un roce de poderes que deja en medio al Ministerio Público se generó luego de que la Corte Suprema de Justicia eximiera a este órgano de responder los pedidos de informe al Congreso en lo que se refiere a las causas o investigaciones en curso. Para el efecto, la Corte Suprema hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. El ex fiscal general Díaz Verón promovió la acción en el 2015 contra la citada ley, debido a que consideraba violatoria de varios artículos constitucionales tales como del poder público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Constitución Nacional, a más de los artículos referentes al Ministerio Público.
Específicamente, dice que el citado artículo incluye al Ministerio Público como organismo sujeto a la obligación de contestar pedidos de informes requeridos por el Congreso Nacional, porque no lo exceptúa de la actividad jurisdiccional.
Según la acción, la Fiscalía es un órgano extrapoder, sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura, conforme fallos de la propia Corte.
Legisladores de diferentes partidos manifestaron su desacuerdo con el fallo judicial y coincidieron en que se trata de un error.
Varias voces en el Congreso criticaron la decisión de la Corte.