El pedido fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Interinstitucional integrado por los representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Defensoría del Pueblo.
La propuesta se plantea luego de una serie de denuncias de discriminación contra los estudiantes que pretendían acceder a la institución policial.
Uno de los casos sonados afectó a la joven Marisol Duarte Ramírez quien ingresó en la Academia. Sin embargo, un día después recibió una notificación del ex comandante de la Policía, Francisco Resquín, en donde le notifican que se le excluye como aspirante por incumplir el compromiso de no tener hijos para el ingreso.
En el proyecto inicial consideraron que la discriminación representaba una abierta violación a varios artículos de la Constitución Nacional. Fue una práctica antigua que se fue normalizando a través de resoluciones de la Comandancia. Muchas de las aspirantes tuvieron que ocultar esta condición bajo el temor de ser expulsadas de la institución policial.
Entre los requisitos se mantiene no poseer tatuaje con mensajes que guarden relación a grupos criminales.