La normativa fue sancionada ya el 9 de octubre, pero se demoró su remisión al Ejecutivo como decisión política para extender el tiempo que tiene Santiago Peña de expedirse, debido a lo controversial del proyecto impulsado por Gustavo Leite, y el anuncio de acciones de inconstitucionalidad por parte de la sociedad civil a nivel nacional.
No obstante, Peña también recibe presión de la comunidad internacional, que señalan que la ley es una medida autoritaria y restrictiva de la democracia. Se pronunciaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional, el Gafi, entre otras.
El asesor jurídico de la presidencia explicó que si bien el Legislativo envió ayer el documento, primero tiene un trámite en la secretaría general y luego se deriva a su oficina.
Como el proyecto cuenta con 22 artículos, el presidente tiene 20 días hábiles, según la Constitución Nacional, para promulgar o vetar total o parcialmente. Luego de ese plazo, se convierte en ley por promulgación automática.
Si el proyecto es promulgado, debe ser reglamentado en el plazo de 15 días, que será una tarea para el Ministerio de Economía.
La demora de Peña es llamativa debido a que la versión sancionada por el Congreso fue la misma que el Ejecutivo recomendó, pero se toma todo el tiempo posible a causa de la resistencia en la sociedad civil, los medios y sectores empresariales.
El proyecto establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro y fue impulsado por el cartismo. Es considerado una forma de persecución, ya que las instituciones del Estado ya ejercen el control desde diferentes aspectos, como administrativos y tributarios.
