La titular de la Secretaría de la Función Pública, Cristina Bogado, explicó que la orden presidencial apunta al ordenamiento. Están trabajando con Hacienda en el proyecto de carrera administrativa.
En marzo esperan terminar un decreto que establecerá algunas acciones y elevarán al Congreso la modificación de la Ley 1626 de la Función Pública.
Una primera acción apunta a combatir la mala práctica de incorporar funcionarios a través de la excepción al concurso, que se arrastra desde el 2015. Se contratan por seis meses y luego se renueva permanentemente.
A partir de este año, iniciarán un periodo de regularización para abrir paso a los procesos para los concursos públicos. Cada autoridad debe solicitar una cantidad determinada de cupos con base en la homologación de perfiles. Solamente se permitirá la excepción al concurso en los casos de emergencia.
comisionamientos. Otra práctica permanente es que varios funcionarios utilizan la figura del comisionamiento en forma permanente. La ministra Bogado indicó que establecerán límites.
“Esta movilidad debe ser temporal; solo un año y a partir de ahí tenemos que ver si la persona no está siendo necesaria en su institución que forme parte de la otra donde está asignada y no que eternamente se pase comisionado por 5 o hasta 10 años”, puntualizó Bogado.
Acotó que el presidente de la República habla de una reingeniería que implica un trabajo muy complejo y amplio para regularizar toda la cuestión de la Función Pública.
cargos de confianza. Otro punto fundamental consiste en definir claramente los cargos de confianza y reglamentar el modo de cómo se debe adjudicar en cada ministerio, secretaría o entidad.
El problema se genera cuando algunos estatales son promovidos en esos cargos y aumentan su salario. Por ejemplo, un director general pasa a ganar G. 13 millones. Luego termina esa función y debe retornar a su cargo anterior pero mantiene el alto salario. Muchos recurren al Tribunal de Cuentas para conseguir una resolución que les otorgue estabilidad en el cargo.
Esto genera una carga en el erario público porque aumenta la cantidad de estatales que aumentan sus salarios.
planilleros. Con relación a los planilleros y funcionarios sin tareas (que están en el freezer), la ministra indicó que las autoridades competentes deben hacer el control cruzado para evitar esta situación a través de la Dirección de Gestión de Personas. Sobre el abuso con los reposos médicos, tal como ocurrió en Yacyretá, en la Función Pública está estipulado un límite de 90 días. Se debe exigir que el reposo esté rubricado por Salud y verificar los casos de duda.
5.000
funcionarios públicos ingresaron por la modalidad de excepción al concurso. Eso acaba en este periodo.
60.000
empleados se jubilarán en los próximos 10 años. Establecerán reglas para ingresar en el sector público.
Habrá concurso simplificado y se busca igualar salario
En los próximos 10 años se jubilarán 60.000 funcionarios públicos. El objetivo es establecer nuevas reglas de juego para los que ingresan, en el sentido de igualar los salarios en la Función Pública. Desde la Secretaría de la Función Pública pusieron como ejemplo la inequidad que hay actualmente. Un técnico 1 gana G. 5 millones en una determinada institución, mientras que el mismo nivel puede tener un mayor salario en otra entidad a pesar de que están cumpliendo casi las mismas funciones.
Están trabajando en simplificar los procesos de concursos reduciendo la burocracia más del 50%. Facilitarán un formulario con una declaración jurada. Una vez seleccionado el funcionario debe presentar toda la documentación que falta.
En cuanto a los sumarios, están terminando un decreto para establecer pautas y evitar la violación del derecho a la defensa. La idea es que el funcionario público en cuestión pueda tener toda la información para ejercer su debida defensa.
