Luego de pagar casi 1 millón de dólares en la compra de un nuevo sistema informático para el Departamento de Identificaciones de la Policía y aún debiendo la otra mitad del pago a la firma proveedora, el Poder Ejecutivo ordenó frenar los pagos y la implementación del nuevo software. El objetivo era llamar a otra licitación, esta vez por USD 30 millones, para dotar a Identificaciones de otra plataforma aún más compleja. Esta segunda licitación fue después objeto de denuncias y protestas por su presunto direccionamiento hacia uno de los oferentes.
Todo esto se desprende de documentos oficiales de la Policía Nacional en los cuales se informa de los motivos por los cuales la institución pagó G. 5.000.000.000 a la empresa Winner SRL por un software que compró en el 2014 pero hasta ahora nunca usó. Para colmo, la Policía aún debe otros G. 5.000 millones y expone al Estado a una demanda por incumplimiento de contrato.
ORDEN. Un memorándum enviado el 10 de agosto de 2016 por el oficial Jhonnattan Parra, jefe del Centro de Operaciones Técnicas, al entonces jefe de Identificaciones, Clemente Espínola, informa que se realizó una reunión en Mburuvicha Róga en la cual participaron el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, el entonces ministro del Interior, Francisco De Vargas, y otros representantes del Gobierno y del departamento de Identificaciones.
El documento cuenta que en la reunión “se llegó a la decisión” de sostener el actual sistema informático en Identificaciones (donado por la agencia estadounidense Usaid en el 2009 y ya desfasado en varios sentidos) y dejar “sin efecto la puesta en producción” del nuevo software adquirido por la Policía en el 2014.
En la misma reunión, relata en el memorándum el oficial Parra, los representantes de Identificaciones advirtieron sobre los factores de riesgo de esta decisión: No solo la atención al público seguiría siendo deficiente sino la misma base de datos de Identificaciones está en riesgo ya que no hay soporte ni garantía del sistema informático donado por Usaid.
En otro informe del oficial Parra remitido a Espínola el 8 de setiembre de 2016, el oficial advierte que el sistema informático usado hasta hoy en día en Identificaciones debe ser cambiado rápidamente. “Actualmente seguimos en una situación crítica con respecto al sistema informático en producción, sin soporte y sin garantías de que el mismo se mantenga en un mediano plazo”, señala el oficial.
EL 29 de junio de 2017, el departamento jurídico de la Policía advirtió sobre las consecuencias legales de no cumplir con el contrato firmado con Winner SRL.
“Esta Asesoría jurídica sugiere (...) que el departamento de Identificaciones arbitre los medios para la efectiva implementación del sistema (...) por sobre todo a fin de reducir las posibilidades de perjuicios a las partes contratantes y dar cumplimiento cabal a los compromisos contraídos”, dice el dictamen firmado por Luz Núñez de Ocampo, jefa del departamento Jurídico.