Este decreto se enmarca dentro de la necesidad de que Paraguay pueda identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo. Debe tomar las medidas encaminadas a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos.
“Con base a esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, refiere el decreto presidencial.
La evaluación nacional de riesgo permitirá al gobierno a adoptar medidas en materia de recomendaciones contra el lavado de activos.
La metodología realiza una enumeración de factores que se deben ponderar en el proceso de la evaluación de la efectividad de los sistemas.
Se establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la evaluación de riesgos.
Cada tres años se tiene que actualizar la evaluación nacional de riesgos.
INFORME. El Poder Ejecutivo en reunión con las demás instituciones involucradas elaboraron un documento de 400 páginas que fue remitido al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Luego vendrán observaciones previas antes de la visita de mayo próximo.
Tras la reunión que se desarrolló en Palacio de Gobierno, informaron que se toma en cuenta todo lo que el país viene identificando como riesgos, como el lavado de activos que provienen del negocio del narcotráfico, financiamiento de actividades terroristas y lavado de dinero que proviene del contrabando o de cualquier otro acto ilícito.