La designación por parte de EEUU de significativamente corrupto al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien fuera hasta ese momento precandidato a la presidencia de la República, y a su amigo personal el abogado Juan Carlos Duarte, quien luego fue destituido de la asesoría jurídica de Yacyretá, muestra una vez más la debilidad de nuestras instituciones, habida cuenta la inacción o la reacción posterior a este tipo de medidas en el ámbito de la Justicia o de la Fiscalía. Lo ideal es que estas funcionen adecuadamente, que indaguen, esclarezcan y enfrenten a la corrupción con todos los efectos que implica. Sin embargo, está comprobado que los poderosos políticos o influyentes en la mayoría de los casos no son objeto de una investigación o, si se realiza, se lleva a cabo con tibieza sin ir hasta el fondo de la cuestión.
Por eso es que atendiendo este contexto de realidad, la nominación realizada por el Gobierno norteamericano al vicepresidente de la República y al abogado Juan Carlos Duarte suple de alguna manera la deficiencia de la Justicia paraguaya en la lucha contra los sospechados de corrupción.
Según el comunicado del embajador Marc Ostfield, la designación de Velázquez Moreno es debido al ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos. La nominación es porque se ha recibido información creíble de que, a pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros. Estas designaciones significan que, tanto Velázquez como Duarte, junto con familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Los designados anteriores con la citada calificación por los EEUU fueron el ex presidente Horacio Cartes, quien cuenta con el guiño de la Fiscalía; el diputado Ulises Quintana, el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el otrora todopoderoso ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher (OGD), quien manejaba toda una red de jueces y fiscales que le dieron impunidad por mucho tiempo. Todos los citados son colorados.
Velázquez es el funcionario activo de más alto rango de Paraguay que recibe de EEUU dicha sanción.
La inoperancia y hasta complicidad son latentes de parte de los órganos que deben impulsar y juzgar en los procesos contra los altos funcionarios públicos, ex administradores de la cosa pública o personas de gran influencia que tienen tentáculos en el Poder Judicial y la Fiscalía. En juicios de gran impacto social tuvo que acudir el agregado de Justicia de la Embajada de los EEUU para hacer un seguimiento, que finalmente terminaron en condenas para los involucrados, como en los casos de OGD y Ramón González Daher.
Y el Gobierno estadounidense se convirtió en actor clave contra la corrupción ante la debilidad del Poder Judicial y de la Fiscalía para investigar y sancionar a implicados en diversos delitos.
El doble rasero para investigar y juzgar de parte del Ministerio Público y el Poder Judicial es latente cuando salta a la legua que, pese a las evidencias o indicios, existen políticos o personas poderosas que no son indagados e incluso obtienen un blindaje por el tráfico de influencia o directamente por coima. Para fortalecer el Estado de Derecho se debe combatir la impunidad y extirpar a agentes que la promueven, porque definitivamente representa un cáncer que carcome las instituciones democráticas.
