“Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material” a la fiscala en esas investigaciones “también estará sujeta a sanciones”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
“Hoy pasamos de las palabras a los hechos”, dijo Pompeo, “porque, lamentablemente, la CPI sigue apuntando a los estadounidenses”. “No toleraremos los intentos ilegítimos de la CPI de poner a los estadounidenses bajo su jurisdicción”, agregó, al anunciar la inclusión en la lista negra de EEUU de Bensouda y de Phakiso Mochochoko, director de la división de Competencia y Cooperación del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.
Washington ya había prohibido previamente el ingreso de los funcionarios judiciales de la CPI a EEUU y revocado la visa de Bensouda.
GRAVES ATAQUES. El tribunal internacional condenó las sanciones estadounidenses. “Esos actos coercitivos, dirigidos contra una institución judicial internacional y sus funcionarios, no tienen precedentes y constituyen graves ataques contra la Corte, el sistema de justicia penal internacional” y el “Estado de Derecho en general”, declaró la CPI.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se limitó a “tomar nota” de las sanciones y aseguró que seguirá “de cerca la evolución de este expediente”.
Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), reaccionaron con dureza.
“El compromiso de Estados Unidos con la justicia para las víctimas de los peores crímenes sigue declinando en forma vergonzosa”, reaccionó Balkees Jarrah, de Human Rights Watch (HRW), en Twitter.
Las sanciones contra la fiscala de la CPI implican “otro ataque descarado contra la justicia internacional”, pues pueden “disuadir a los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos de buscar justicia”, estimó por su lado Daniel Balson, uno de los directores de AI.
Afganistán
A pesar de la oposición de EEUU, la CPI autorizó en marzo abrir una investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad supuestamente cometidos por soldados estadounidense durante la guerra de Afganistán. La investigación está dirigida, entre otras cosas, a los abusos presuntamente cometidos por soldados estadounidenses. También se han presentado denuncias de tortura contra la CIA.