El documento, que cuenta de unas 28 páginas, cita, en su Sección 4, la corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno. En este apartado, se menciona que si bien existen leyes que sancionan penalmente a los funcionarios corruptos, esta no es aplicada de forma efectiva.
“Hubo informes generalizados de corrupción gubernamental en todas las ramas y en todos los niveles, con investigaciones periodísticas y de oenegés que informan sobre cientos de casos de malversación de impuestos, evasión, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal”, señala el informe.
Asimismo, el informe especial señala que las investigaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público, en los casos de corrupción, avanzaron con lentitud y tardaron varios años en llegar a tribunales.
“Bajo una ley que prohíbe que los casos judiciales duren más de cuatro años, políticos e influyentes recurrieron acciones y apelaciones hasta llegar al plazo de prescripción o por exitosamente solicitar la destitución o suspensión de los jueces y fiscales en ejercicio de sus casos”, indica.
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El documento señala que funcionarios de “medio nivel” fueron condenados ocasionalmente por corruptos, pero no así los funcionarios de alto rango, quienes disfrutan de la “impunidad”.
“La impunidad era endémica entre los funcionarios de alto nivel anterior y actual. Funcionarios del gobierno acusados de delitos. Las oenegés y la prensa continuaron informando sobre varios ex ministros de gobierno, intendentes, gobernadores y actuales electos funcionarios que evitaron el enjuiciamiento, a pesar de haber sido acusados y procesados por corrupción y otros delitos”, resaltaron.
El informe especial de EEUU indica que, al 17 de octubre de 2022, los casos de corrupción de alto nivel sin resolver incluyeron a cuatro ex ministros de administraciones pasadas, dos ex ministros de la actual administración, tres ex integrantes y siete actuales miembros de Congreso, un ex fiscal general, tres ex gobernadores y un ex ministro Corte Suprema de Justicia.
En este apartado, el documento oficial también menciona el caso del ex defensor del Pueblo Miguel Godoy, quien renunció a su cargo enfrente a un posible juicio político por acusaciones de cobro indebido a los objetores de conciencia. “Mientras la ley permite objetores contenciosos para evitar el servicio militar mediante el pago de una cuota”.
Baja participación de mujeres en la política
Entre otras cosas, el documento también cuestiona la baja participación de las mujeres o miembros de grupos minoritarios en el proceso político.
EEUU menciona que las mujeres participaron en el proceso electoral, pero no hubo grupos minoritarios representados en el Congreso o en las gobernaciones.
“La ley exige que al menos el 20% de cada lista del partido en las primarias internas del partido sean mujeres. Aunque las partes se reunieron este requisito en las elecciones de 2018, colocaron a la mayoría de las candidatas el fin de las listas cerradas de los partidos, limitando efectivamente las posibilidades de las mujeres de ser elegido”, menciona el texto.
