El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, señaló en un comunicado su “preocupación” por la crisis fronteriza entre ambos países, que ha llevado ya a más de 8.250 colombianos, entre deportados y ciudadanos que se han marchado voluntariamente, a salir de Venezuela, según datos del Gobierno de Colombia.
En la ciudad colombiana de Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela por su vecindad con San Antonio, en el estado Táchira, se concentra el grueso de la asistencia humanitaria para atender a estos colombianos.
La crisis se desató cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar ese paso fronterizo tras un ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos.
De acuerdo con Kirby, EE.UU. reconoce la importancia de proteger la frontera y de garantizar una migración “segura y ordenada”, pero a la vez cree que las deportaciones “deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país receptor”.
Además, EE.UU. cree que “los refugiados con problemas de protección reconocidos no deben ser deportados”, apuntó el portavoz.
Kirby subrayó, asimismo, que EE.UU. seguirá trabajando con el Gobierno de Colombia y la comunidad internacional “para asegurar el bienestar” de los desplazados o deportados.
El Departamento de Estado “apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver esta disputa diplomáticamente” y, además, está dispuesto “a trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera”, afirmó el portavoz.
Tras el cierre entre Cúcuta y San Antonio, Maduro amplió el viernes el cierre del paso fronterizo a otros cuatro municipios del occidental estado del Táchira e informó del envío de tres mil soldados para reforzar la lucha que mantiene el Ejecutivo en esa zona contra el contrabando y el hampa.
Por su parte, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, ha recurrido a instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con la esperanza de que ayuden a resolver la crisis con Venezuela.
