La economía subterránea sigue representando una cifra muy elevada respecto al PIB, aún cuando se haya producido una ínfima reducción este año respecto al 2020, según se desprende del informe presentado ayer, en conferencia de prensa, por la organización Pro Desarrollo.
Sebastián Acha, director de la entidad, acompañado del viceministro de Tributación, Óscar Orué, y el asesor económico Hugo Royg, brindaron los números de lo que mueve la economía subterránea que comprende actividades como el comercio de mercancías robadas, tráfico de drogas, sueldos y salarios no declarados, descuentos a empleados, trabajos domésticos, entre otros.
Según los datos expuestos, el 2020, la economía subterránea llegó a mover USD 21.295 millones, cifra que representa un 3,1 por ciento más que en el 2019, pero este año estiman que será un 0,5% menos.
Acha dijo que la elevada tasa de informalidad que presenta Paraguay en comparación a la región, así como el menor nivel de industrialización, limitan su desarrollo económico y social.
Consideró que “la reducción de la economía subterránea mitigaría el impacto fiscal de las actividades no declaradas, además de aliviar la carga de los sectores que normalmente aportan al Fisco y disminuir las distorsiones en la provisión de servicios básicos como la educación, salud y asistencia social”.
EVASIÓN. También mencionó que según resultados de una encuesta de gremios y asociaciones empresariales, es alto el impacto del contrabando y la evasión en el país, al punto que redujo la participación de productos internos nacionales en el mercado, entre treinta y ochenta por ciento. Asimismo, que el contrabando de azúcar representa el 45% de lo que produce el mercado nacional.
Por su parte, Royg expuso sobre los impactos negativos que causa la informalidad en la economía del país.
Refirió que la economía subterránea “genera un crecimiento poco dinámico con altos niveles de pobreza, con desigualdad de ingresos, con mercados financieros con escasa profundización, niveles de inversión más bajos y con una limitada capacidad de respuesta en materia de protección social ante situaciones de crisis como quedó demostrado con la pandemia por Covid-19”.
Resaltó que Paraguay también está enfrentando nuevas adversidades económicas y sociales como la bajante de los ríos que genera aumentos de los costos de transporte y retraso en las entregas, como también aumento de la inflación que significa mayores costos de factores. Expuso que la inflación podría condicionar la mejora estimada del consumo privado y público y de la formación bruta de capital, además de mayor nivel de deuda pública.
Plantean lucha contra flagelo
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, sostuvo que deberán trabajar en una lucha frontal en todos los aspectos contra el contrabando, buscando alternativas de sanciones mucho más severas y practicidad legal para combatir el flagelo.
Fue en respuesta a la consulta de si preocupaba que la apertura de frontera con la Argentina podría generar el aumento del ingreso de productos ilegales, teniendo en cuenta los precios bajos.
“Nosotros tenemos que trabajar en una lucha frontal en todos los aspectos y no solamente en la cuestión de las fronteras”, remarcó.
Añadió que tendrán que hacer una lucha integral contra este flagelo.
“Cuando digo integralmente tenemos que mencionar que se establezcan sanciones mucho más severas y practicidad legal para combatir dando mayores atribuciones a órganos administrativos”, subrayó.
Agregó que también se debe buscar a los financistas y que las empresas que venden los productos ilegales, “porque evidentemente hay una forma en que están vendiendo y eso perjudica a las empresas comerciales que trabajan en la formalidad.