Incluso aliados de Rusia, como Cuba y Venezuela, prefirieron abstenerse a oponerse a una decisión que ahonda la presión política sobre Moscú, en circunstancias en que cada vez más crímenes contra la población indefensa han salido a la luz en áreas donde las tropas rusas tuvieron el control en las primeras cuatro a seis semanas de la guerra.
ASESINATOS A GRAN ESCALA. Horas antes, al abrir una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consagrada a Ucrania, la alta comisionada Michelle Bachelet denunció asesinatos extrajudiciales a gran escala contra civiles y dijo que únicamente en la región de Kiev ya han aparecido más de mil cadáveres.
En sesión extraordinaria, el Consejo adoptó la resolución que pide a una comisión internacional realizar una “investigación” sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en varias regiones de Ucrania, para “pedir que los responsables rindan cuentas”.
Al mismo tiempo, durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Francia y de México, representantes de la ONU reclamaron en Nueva York este jueves el cese de bombardeos a escuelas en Ucrania y denunciaron su uso con fines militares.
Tras una primera reunión celebrada el 4 de marzo, Kiev logró que se aprobara una resolución por la que se decidía crear urgentemente una comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en Ucrania.
Desde entonces, la difusión en los medios de comunicación internacionales de fotografías tomadas en Bucha, un suburbio de Kiev, que muestran cuerpos en la calle, algunas con las manos atadas a la espalda o parcialmente quemadas, así como fosas comunes, han provocado una ola de condena internacional.
Otras atrocidades han sido reveladas en otras partes del país. Según la resolución, aprobada en la reunión en Ginebra, que fue boicoteada por Moscú, los atropellos se cometieron en las zonas cercanas a Kiev, en Chernígov, Járkov y Sumy entre finales de febrero y marzo de 2022.
La resolución pide al gobierno ruso garantizar a las organizaciones internacionales, incluidas las de las Naciones Unidas, tengan “acceso inmediato y sin trabas a las personas que han sido trasladadas de las regiones ucranianas afectadas por el conflicto y están detenidas” en Rusia o en territorios controlados por sus fuerzas.
