Sobre esta base, necesitamos establecer la estrategia para los próximos meses. Vamos a convivir con el Covid-19 probablemente hasta fines del invierno. Miles enfermarán y no podemos estimar cuántos perderán la vida. Es bueno sentir miedo ante este desafío, pero no podemos dejarnos paralizar por el pánico. Necesitamos establecer reglas para atravesar esta etapa lo mejor posible.
Lo primero es convertir rápidamente los recursos económicos que pusimos a disposición del Gobierno en recursos de salud. Instalar los hospitales de campaña, las camas de terapia intensiva, los respiradores, los médicos, los equipos de protección de todo el personal de blanco, y ampliar la capacidad de hacer las pruebas. Esto último, recordemos, ha sido la piedra angular sobre la que construyeron sus planes de contención los países que alcanzaron el éxito en el combate a la pandemia.
Lo segundo es hacer que el dinero destinado a paliar el impacto catastrófico de la paralización económica llegue lo más pronto posible a los sectores más afectados. Y aquí conviene hacer algunas precisiones. Los fondos disponibles hacen imposible subsidiar a todos los afectados por la crisis, porque ese universo incluye prácticamente al 90% de los trabajadores del país. Los únicos indemnes son los funcionarios del Estado cuyos salarios no dejarán de pagarse, aunque debamos endeudarnos para hacerlo. Pero ellos son apenas el diez por ciento del total de la gente que trabaja.
Para los demás hay poco. Esta imitación rápida y pobre de lo que sería un seguro de desempleo es apenas un subsidio ínfimo (de subsistencia) y llegará con suerte a un tercio de los trabajadores. Luego, para las micro, pequeñas y medianas empresas, las que emplean a más de la mitad de los trabajadores formales, no hay condonación ni subsidio. Lo que se está poniendo a su disposición son créditos relativamente baratos y de acceso rápido para pagar a sus empleados y proveedores. O sea, para sobrevivir deberán endeudarse.
En el caso de las empresas más grandes, se espera que los bancos y las financieras se hagan cargo de refinanciarles deudas y otorgarles nuevos empréstitos, gracias a la liquidez que les otorga el Banco Central, que dejó en cero el encaje legal (la retención parcial de los ahorros). Llegamos ahora al punto de inflexión. Nada de lo que se propone como paliativo tendrá efecto si la paralización sigue siendo absoluta. El Gobierno deberá empezar en algún momento a liberar a sectores de la población para que la economía inicie un proceso gradual de reactivación.
Esta no es una cuestión de vida o muerte para empresarios, como señala cierto discurso populista. Los empresarios pueden incluso quebrar, pero ninguno morirá de hambre. Esto afecta directamente a ese tercio de trabajadores que son informales o que trabajan por cuenta propia, y a esa mayoría de trabajadores formales empleados por micro, pequeñas y medianas empresas. Son ellos a quienes el hambre aprieta. Es imposible pues mantener la cuarentena absoluta por todo el tiempo que dure la pandemia.
¿Cómo y cuándo flexibilizarla? Esta es la pregunta que mantendrá desvelados a quienes tienen que tomar la decisión. Lo más probable es que mantengamos una cuarentena parcial, prohibiendo la salida de adultos mayores y personas con alguna comorbilidad, y que prolonguemos la suspensión de las clases. El Estado puede seguir operando con un mínimo de personal (siempre pudo) y habrá que mantener rígidos controles sanitarios en fábricas, oficinas, comercios y espacios públicos.
Lo que viene será durísimo, pero tendremos que aprender a convivir con el enemigo y, de paso, canalizar toda la bronca y el miedo para obligar a la clase política a construir un Estado más solidario y eficiente, desmontando el oprobioso modelo de privilegios y prebendas que los llevó al poder.
