Johanna Ortega, ex candidata a intendente por la Alianza Asunción Para Todos, una agrupación que aglutina a movimientos y partidos de izquierda, denunció a través de las redes sociales la extraña presencia de una patrulla de la Policía Nacional que solicitaba la identificación de quienes salían de una vivienda, donde se desarrollaba una reunión.
Los policías se presentaron en el sitio y solicitaron la identificación a quienes abandonaban el lugar. Ortega apuntó que, cuando se comunicaron con la Comisaría 9ª Metropolitana, en cuya jurisdicción se encontraba la vivienda donde se realizaba la reunión, alegaron que recibieron “una orden de Charlie 18”, y le especificaron que se trataba de una orden recibida por parte de una dirección del Ministerio del Interior.
El comisario principal de la Comisaría 9ª, Pablo González, le explicó a Última Hora que acudieron hasta la casa porque recibieron el flyer de invitación por WhatsApp, y que supuestamente se les indicó que se trataría de una manifestación. Sin embargo, posteriormente dijo que “se le llamó” para verificar.
Lo acontecido no es una simple anécdota.
Tiene toda la apariencia de una acción de amedrentamiento a un grupo de ciudadanos que precisamente se reunieron a tratar el caso de las llamativas facturas que fueron presentadas por la Municipalidad de Asunción, y que corresponden a la administración del electo intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, durante el 2020.
Recordemos que, semanas antes de las elecciones municipales, la ex candidata a intendente de Asunción presentó un amparo constitucional sobre acceso a la información pública, sobre los gastos de emergencia realizados por la Comuna durante la pandemia del Covid-19. La Municipalidad de Asunción se vio obligada a publicar los detalles de gastos durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, y de esta manera la ciudadanía pudo conocer la existencia de facturas que justificaban compras de, por ejemplo un saturómetro con precio unitario de G. 885.000, cuando en el mercado se consiguen desde G.150.000; desinfectantes por 259.600 guaraníes, además de contratos con empresas sancionadas y denunciadas por Contrataciones Públicas.
No obstante, sea cual haya sido el objeto de la reunión de vecinos, ese derecho está garantizado por la Constitución Nacional, que en su artículo 32 dice que las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos.
Este derecho no existía durante la dictadura, quien con leyes arbitrarias mantenía un control absoluto sobre las acciones y actividades de los paraguayos. Tras 35 años de dictadura el Paraguay pudo liberarse y comenzar a construir su democracia, la que a pesar de sus defectos no puede permitirse este peligroso retroceso, y es por eso que se debe condenar el control arbitrario de la policía a una reunión ciudadana.
No podemos permitir el retorno al estado policiaco y a la tan temida “orden superior” para justificar arbitrariedades desde los organismos del Estado.
