La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) se quejó de las trabas burocráticas a la hora de conseguir autorizaciones para ejecutar los dragados, pero además reclamó la obligatoriedad de devolver al río la arena retirada. En cambio, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) argumentó que los trabajos de limpieza en realidad no necesitan permisos y aclaró que la colmatación de los canales con sedimentos se da por la naturaleza del curso del agua, se devuelvan o no los materiales extraídos.
Los trámites para realizar los trabajos de dragado de los canales hídricos no se limitan a las licitaciones y protestas en el proceso, se extienden además al desorden institucional para acordar las condiciones en que se desarrollarán las obras.
El director de la Marina Mercante, Patricio Ortega, dijo que mientras las areneras extraen sedimentos de los ríos para venderlos, el Mades prohíbe que las empresas encargadas del dragado hagan lo mismo, pues deben depositar la arena extraída en alguna otra parte del canal, lo que –según Ortega– ocasiona la nueva colmatación de los cauces. A esto sumó la demora para obtener las licencias ambientales. “Nuestras propias instituciones nos ponen trabas para hacer el dragado y nos dan permiso en tres meses”, expresó.
Estas acusaciones fueron refutadas por la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Mades, Carolina Pedrozo. La funcionaria explicó primeramente que los canales se colmatan por el arrastre de sedimentos como efecto del movimiento de las aguas, un efecto natural que ocurrirá independientemente si se devuelve o no la arena extraída durante el dragado. En segundo lugar mencionó que de acuerdo con el Decreto N° 453 no es necesaria una autorización cuando el objetivo es limpiar los canales sin comprometer los lechos rocosos, a diferencia de las areneras que por sus fines comerciales deben pasar por una evaluación.
Lo que en realidad hace el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es enviar consultas que –según Pedrozo– son respondidas a más tardar en 72 horas, si los funcionarios envían toda la información relacionada con los trabajos.
“Ellos (del MOPC) hacen las consultas para tener respaldo legal, pero el decreto es claro, el dragado, movimiento o extracción de material disgregado para mantener la navegabilidad no requiere someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental y, por lo tanto, no deberían esperar una nota de consulta, lo hacen para tener esa seguridad y esa tranquilidad”, precisó.
LA CIFRA
28,5 millones de dólares comprometió el Estado en 9 años para los trabajos de limpieza de canales y dragado de los ríos.