Dos alcaldes fueron asesinados en tres días en Ecuador en vísperas del referendo del domingo sobre reformas para enfrentar al crimen organizado y en medio de una crisis eléctrica que llevó al gobierno a decretar el estado de excepción.
Este viernes Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo, fue tiroteado. El miércoles, José Sánchez, jefe municipal de Camilo Ponce Enríquez, murió acribillado. Ambas localidades mineras están en el sur del país.
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Los crímenes ocurren en medio de una debacle energética debido a una grave sequía desde marzo, que vació los embalses hasta niveles alarmantes y tiene a la nación con apagones de hasta 13 horas.
El presidente Daniel Noboa ordenó este viernes el estado de excepción para evitar “ataques terroristas” a infraestructura para el suministro de electricidad, con un decreto que no restringe derechos, según el gobierno.
La medida abarca a todo el territorio nacional y se instala por “grave conmoción interna y calamidad pública” para “garantizar la continuidad del servicio” de energía, indica el documento.
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Noboa había denunciado días atrás “sabotajes” que provocaron cortes de luz, aunque sin precisar quiénes son los responsables. La medida se da a las puertas de un referendo y una consulta popular con los que el mandatario, de 36 años, pretende agudizar su guerra contra el crimen organizado.
Entre las principales propuestas del Ejecutivo está permitir la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado, elevar las penas para el narcotráfico y terrorismo y permitir que la fuerza pública use armas incautadas en operativos. Según el gobierno, el racionamiento de energía será menos severo el sábado y se normalizará el domingo.
Violencia política
Desde 2023, al menos una docena de políticos han sido asesinados en Ecuador. El caso más sonado fue el del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto por sicarios colombianos al salir de un evento de campaña en Quito de cara a las elecciones anticipadas de ese mismo año.
La policía señaló que Maldonado fue asesinado “mientras se encontraba realizando actividades personales” en un barrio de Portovelo, localidad ubicada en la provincia costera de El Oro (suroeste y fronteriza con Perú).
En imágenes difundidas en chats de prensa, se observa al funcionario tendido en una acera sobre un charco de sangre.
Fiscales, periodistas y policías también figuran entre las víctimas fatales de organizaciones criminales con vínculos con carteles de México y Colombia, así como con la mafia albanesa.
En marzo, Brigitte García, alcaldesa de la costera San Vicente (oeste) y la más joven (con 27 años) autoridad municipal elegida en los comicios de 2023, fue asesinada.
A la violencia política y la crisis energética, se suma un lío diplomático. El gobierno lidia con la ruptura de relaciones con México, luego de que ese país lo demandara ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por asaltar su embajada en Quito.
“Grave crisis de seguridad”
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores mundiales de cocaína-, dejó hace años de ser una isla de paz y se convirtió en un punto estratégico para las operaciones de bandas ligadas al narcotráfico, que imponen un régimen de terror. El año pasado, la tasa de homicidios alcanzó el récord de 43 por cada 100.000 habitantes.
Ante la embestida del narco, que en enero dejó una veintena de muertos, Noboa declaró ese mes a la nación en conflicto armado interno y movilizó a las Fuerzas Armadas con la orden de neutralizar a unas 20 bandas, tildadas de “terroristas” y “beligerantes”.
“La ola de violencia que ha cobrado la vida de dos alcaldes ecuatorianos en menos de una semana es una señal de alarma que no podemos ignorar”, señaló la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) en un comunicado.
Los crímenes son “indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales”, añadió.
Oro ilegal
Investigaciones periodísticas sugieren que los asesinatos de alcaldes de esta semana están relacionados con la explotación ilegal de oro.
De acuerdo con el portal Código Vidrio, la banda criminal Los Lobos controla y opera unas veinte minas de oro ilegales en Camilo Ponce Enríquez (en la provincia andina de Azuay), con ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares al mes.
El Oro y Azuay poseen un alto potencial minero y son escenarios de actividades ilícitas.
La AME exigió “al Estado y a las autoridades correspondientes una acción inmediata y decisiva para garantizar la seguridad de los 221 alcaldes/as del país”.
Noboa, en el cargo desde noviembre para un período de 18 meses, promueve el “sí” a endurecer las leyes contra las bandas en la consulta del domingo.
Este viernes incluyó en su lista de “objetivos militares” a capos del cartel mexicano de Sinaloa y a un disidente de la antigua guerrilla colombiana de las FARC.
Fuente: AFP
