Guillermina Arce es una anciana, pobre de solemnidad, reumática y analfabeta que vive en Carapeguá. Sus hijos la ayudan vendiendo yuyos. Si no fuera por un alma caritativa que le dio el dinero, hoy estaría metida en un denso lío judicial. El Ministerio de Hacienda la intimó a devolver en el perentorio plazo de diez días la suma de 2.487.000 guaraníes que percibió irregularmente durante breve tiempo como pensión alimentaria de la tercera edad.
Es que la ley establece que los beneficiarios de dicha ayuda estatal deben ser paraguayos naturales, y doña Guillermina nació accidentalmente en Pirané, Formosa, aunque desde su infancia haya vivido en Carapeguá. Quienes la incluyeron en la lista pasaron por alto este detalle. Guillermina no tuvo la culpa, solo puso su impresión digital en la solicitud. Pero seis meses después los funcionarios del Ministerio de Hacienda se percataron de la irregularidad y exigieron la inmediata devolución de esos haberes ilegales. Dijeron, inflexibles, que “la abuela, por ser pobre y no saber leer, no puede desconocer la ley. A lo sumo, se le puede fraccionar la devolución”.
No voy a extenderme aquí sobre los miles de compatriotas que se benefician de la asistencia social en Argentina. El caso de Guillermina es el retrato de algo más grave. El Estado paraguayo es implacable con los que menos pueden defenderse. A ellos la ley les cae con puntualidad y eficacia infalibles.
La cárcel está llena de pobres. Ninguno de ellos deja de pagar el IVA cuando compran algo. ¡Ay de aquellos que no tengan en forma sus títulos de propiedad! Su afición por la informalidad y el contrabando es señalada como la causa de la ruina de la industria nacional. Cuando protestan, es porque están ideologizados.
Ese Estado tan estricto, sin embargo, es gelatinosamente sumiso ante los poderosos dueños del negocio agroexportador, a quienes exonera de impuestos. Es indiferente ante las millones de hectáreas malhabidas. Deja crecer ante sus narices las mafias, piraterías y tráficos de todo tipo que nos hacen famosos en el mundo. A la cárcel no va ninguno de estos. Si tienen algo que reclamar, este Estado les ofrecerá voces talentosas y amplificadoras en cada una de sus tres subdivisiones.
Por eso somos un Estado casi fallido. Uno de los más desiguales del mundo. Un Estado que alberga dos países. Uno, en el que los ricos constituyen la colonia de vacacionistas extranjeros que más dinero dejan en Punta del Este. Y, otro, en el que los pobres no tienen seguridad social ni remedios para el cáncer. Un país en el que los ricos no pueden ser investigados y los pobres son sospechosos. Víctor Bogado es parte del primer país. Doña Guillermina es parte del segundo. Esos dos países no se miran. Cuando lo hagan, será porque el primero se humanizó o porque al segundo no le quedó otro camino que la sublevación.
