La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó ayer que pedirán un informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), respecto a las anomalías que salpican a la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez, que fue adjudicada para la operación de 13 peajes en las rutas del país.
Así confirmó ayer el Luis Godoy, director jurídico del ente, y resaltó además que estarán pendientes del informe que solicitó el MOPC a Uruguay, a nivel Cancillería, con lo cual Obras Públicas pretende confirmar oficialmente las irregularidades denunciadas en la oferta de la firma charrúa, que ganó la licitación en cuestión consorciada con la paraguaya CDD Construcciones SA, con la denominación Concesionaria de Peajes del Paraguay.
El punto más cuestionado a Ramón C. Álvarez es que haya acreditado una experiencia que no tenía en un contrato con la Corporación Vial de Uruguay (CVU). Este hecho ya fue advertido desde el país oriental, vía correo electrónico, a las principales autoridades de Obras Públicas (ver antecedentes en infografía).
Publicaciones de ÚH evidenciaron a través de documentos oficiales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y la CVU, que Ramón C. Álvarez no contaba con los cinco años de experiencia en operación de peajes (entre el 2002 y 2007), que acreditó en su oferta. La compañía solo tenía un contrato de 3 años y cinco meses (desde el 2002 hasta el 2005), por lo que no podía ganar la licitación en cuestión, pues el pliego exigía una experiencia mínima de cuatro años.
Ahora también se afianza la sospecha de falsificación de uno de los dos documentos que presentó la firma charrúa en su oferta, para “acreditar” su experiencia en la operación de peajes. Se trata de una nota que supuestamente expidió la CVU el 30 de marzo del 2007, que tiene la firma del ingeniero uruguayo Roberto Sandonato, a quien se menciona como gerente de Contrataciones de la CVU.
En el escrito se menciona que la empresa charrúa tuvo un contrato con CVU entre los años 2002 y 2007, lo que le acreditaba una experiencia de cinco años. Empero, el ingeniero Roberto Sandonato, quien supuestamente firmó el aval otorgado a Ramón C. Álvarez, confirmó en contacto con ÚH que nunca ocupó el cargo de gerencia de Contrataciones en la CVU, como le confieren en el escrito que presentó al MOPC la empresa uruguaya, lo cual le sirvió para ganar la licitación.
Si MOPC no cancela la adjudicación, el consorcio podrá percibir hasta USD 80 millones por cobrar el peaje durante 10 años. Este hecho fue duramente cuestionado en su momento, pues la mayoría de los puestos se modernizaron para entregárselos al sector privado.