Acosta aseguró que será una herramienta útil para la Fiscalía, ya que el informe detalla quiénes son los responsables de cada etapa de la construcción de la obra, quiénes realizaron los pagos y tomaron las decisiones. Acusó al ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona por las irregularidades y lamentó la inacción del actual, Arnoldo Wiens.
El cartista Hernán Rivas –también miembro de la Comisión– pidió esperar el informe de la Contraloría para poder enviar el documento a la Fiscalía, pero luego retiró la moción.
Romero Roa destacó que el informe cuenta con 1.600 páginas y señala un total de 80 irregularidades. “Existió un incumplimiento del contrato de la empresa Mota Engil, desde el inicio de la construcción señaló que no cumplió con el contrato cuando en una de las cláusulas dice que debía ejecutar las obras con sus propias maquinarias; sin embargo, las llevó adelante con las de empresas tercerizadas”, apuntó,
Por su parte, la liberal Celeste Amarilla dijo que, por lo que resultó del informe, se deduce que la obra nunca debió haber comenzado porque no existían condiciones. Indicó que la empresa constructora Mota Engil debe explicar ante los estrados judiciales sus errores, que no pueden ser justificados. Acusó a la firma de hacer trampa por ser estar en sociedad con el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y contaba con información privilegiada sobre las licitaciones.
“Es indignante que hayan pasado tres años y que la fiscala general Sandra Quiñónez no tome conocimiento de esto como de otras cosas; este trabajo magnífico, que se realizó por meses, tiene que servir para que aparezcan los culpables y paguen; eso es lo que todos estamos esperando”, reclamó.
Por su parte, el cartista Basilio Núñez ironizó al decir que estaba alegre porque por fin en cinco años se encontró un caso de corrupción en el gobierno de Horacio Cartes, y lamentó que no se remueva la gestión de Fernando Lugo ni de Federico Franco.
Anunció su apoyo a la remisión del informe al Ministerio Público, pese a considerar que tiene un tinte político de parte de algunos miembros de la comisión. “Se formó una comisión para perseguir y no para dilucidar el proceso”, lanzó.
El Senado también decidió remitir la semana pasada el informe a la Fiscalía.
Se cuenta con tres dictámenes diferentes y gran cantidad de documentación.
