22 oct. 2025

Diputados rechazan pedidos de informes

La Cámara de Diputados ayer rechazó de plano varios proyectos de resolución que buscaban conocer licitaciones y compras por partes de la Itaipú Binacional, al igual que proyectos que pedían informes al Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de bancos.

En el estadio de sobre tablas, el cartismo impuso una mayoría para rechazar un proyecto de resolución que solicitaba a la Itaipú informe sobre compra de ambulancias. Asimismo, pedía el desglose de cómo utilizó la Entidad los fondos sociales.

En este punto, la diputada Rocío Abed, se sintió aludida porque se pedía rendir cuentas a su pareja, el director de Itaipú, Justo Zacarías. Además de acusar al diputado Mauricio Espínola y al gobierno que integró “como el más corrupto”, no tuvo mejor manera de pedir el rechazo del pedido de informe instando a control a poner un vídeo en que se repetía la frase “me importa un culo”.

En otro pedido, respecto a instar al Ministerio Público a que abra una investigación al presidente Santiago Peña por presuntamente incurrir en conflicto de intereses, solicitado por el diputado Billy Vaesken, la bancada cartista también optó por rechazar de plano. Para el proyectista es importante que la justicia dilucide si hay responsabilidad o no de parte del presidente.

Más contenido de esta sección
El polémico proyecto que plantea el secretismo en el Poder Judicial, aparentemente genera una división de posturas dentro del oficialismo. Tampoco coinciden en mandato de circunscripciones.
Una investigación Multimedios corroboró que el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, hace uso particular de una camioneta que fue incautada en la residencia de Reinado Cucho Cabaña.
El ministro Juan Carlos Baruja no respondió sobre el uso irregular del vehículo de Senabico, y desde Senabico el director afirmó que el acuerdo no habilita usar bienes para fines particulares.
La posición del cartismo de buscar incumplir una sentencia de la Corte IDH respecto a la creación de una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, genera críticas de parte de senadores opositores. Cuestionan que la bancada mayoritaria intente deteriorar las credenciales democráticas del país, al tiempo de sostener que la prensa merece alto nivel de protección debido al contexto de avance de un “narcoestado” que se vive actualmente.
El examen de correspondencia de la declaración jurada de Santiago Peña no incluirá el periodo comprendido entre 2017 y 2023, tiempo en el que se desempeñó en el sector privado. El patrimonio del presidente creció G. 26.705 millones en solo ocho años, y sobre él pesa una denuncia por enriquecimiento ilícito.