Ante las denuncias de violación de derechos laborales en establecimientos ganaderos, la Cámara de Diputados aprobó ayer un pedido de informe al Ministerio de Trabajo y otro dirigido al Instituto de Previsión Social (IPS). En el pleno se habló de condiciones de esclavitud a las que son sometidas muchos de los trabajadores rurales.
La propuesta del diputado liberal Édgar Acosta no tuvo oposiciones en la Cámara Baja. De esta manera, el Ministerio de Trabajo deberá responder sobre antecedentes de denuncias de situaciones irregulares de trabajadores rurales, así como el marco regulatorio que rige para estos, ya que los salarios están establecidos de acuerdo con la cantidad de animales que posee el empleador y es inferior al salario mínimo legal vigente para los demás rubros del sector privado. En cuanto a la previsional, el pedido apunta a la cantidad de personas físicas y jurídicas que están inscriptas como empleadores. Las instituciones están obligadas a presentar las respuestas en un plazo de 15 días.
El proyectista reconoció que si bien hay ganaderos que cumplen con el Código Laboral, no se puede negar que hay “malos patrones que abusan de sus trabajadores”. Entendiendo que el sector maneja un importante caudal de recursos, considera que más que nunca debe cumplir con las leyes laborales.
“Hay establecimientos que utilizan un sistema de esclavitud, que solamente dan comida diaria, ropa o algo de dinero para la compra de útiles de sus hijos” (sic.), dijo sobre los casos más severos encontrados en las estancias.
La denuncia que más indignación causó en los últimos días es la de un peón que no consiguió permiso para asistir a su hijo enfermo, quien finalmente falleció y aún así no tuvo autorización para despedirse del niño.
“Eso no podemos permitir en nuestro país, independientemente de que el sector sea o no poderoso, que aporta mucho. Nadie va a estar en contra de lo que significa el progreso en ese ámbito, que es necesario y que hace que entren muchas divisas al país”, agregó Acosta en su intervención.
FISCALIZACIONES. Con la participación de municipios, gobernaciones y de la fuerza pública, funcionarios del Ministerio de Trabajo fiscalizarán de forma intensiva las estancias del Chaco para controlar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las normas. Para el efecto, la institución designó como responsables a los directores regionales de Boquerón y Alto Paraguay, así como a cuatro fiscalizadores de Asunción.
